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Informe elaborado por Unidad Popular (Claudio Lozano), Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IPYPP CABA (Ing. María Eva Koutsovitis), Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC (Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind) Frente Territorial Salvador Herrera (Franco Armando),  CTA – Capital (Pablo Spataro).

El 3 de abril de 2020, se aprobó la Contratación Directa N° 2009/SIGAF/2020  convocada para la *adquisición de equipamiento antidisturbios. La contratación se adjudicó a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado por el monto de $52.765.291 millones de pesos para la compra de cientos de miles de cartuchos antitumulto, miles de granadas.

Se compró 150 mil cartuchos de escopeta de balas de goma, casi 5.000 mil granadas. Fabricaciones Militares no tenía en stock para entregar los 345 mil cartuchos que el GCBA requería.

La División de Armamento, Munición y Explosivos solicitó, el 25 de marzo, la urgente provisión del material antidisturbios para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

A pesar de que se aprobó la contratación directa el 3 de abril, los materiales fueron recibidos con fecha 27 de marzo (2 días después del pedido interno). Así es la urgencia que tienen las fuerzas de seguridad para estar preparadas para la represión y contención social.

El GCBA se prepara para reprimir a la ciudadanía anticipando una crisis social mientras no toma medidas en el presente para prevenir esas crisis: No garantiza barbijos ni elementos de protección a médicos y enfermeros;  no garantiza adecuadamente la comida para los estudiantes de escuelas públicas;  no garantiza los insumos básicos para la educación a distancia;  no garantiza el acceso al agua potable a 400 mil personas que habitan villas y asentamientos.

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