El cierre de FATE en San Fernando y el despido de 920 trabajadoras y trabajadores no es un hecho aislado ni un daño no calculado. Es un caso testigo de una orientación económica que acelera la desindustrialización, descarga costos sobre el empleo y reordena la economía hacia actividades exportadoras de renta, especialmente agro, minería, hidrocarburos y commodities. Para sostener ese giro, el programa necesita disciplinamiento social: despidos masivos, reforma laboral y endurecimiento punitivo funcionan como parte de la misma arquitectura.

El informe repasa, además, la trayectoria del Grupo Madanes Quintanilla para mostrar que el problema no es solo la política pública de apertura. También está la conducta del gran capital local, que hace décadas combina socialización de pérdidas y blindaje patrimonial: desde la estatización de pasivos en dictadura (FATE y ALUAR entre los beneficiarios) hasta la fuga en la crisis de 2001 y la continuidad de estrategias de financiarización y offshorización. Mientras FATE se desmantela, el grupo refuerza su foco en Aluar y en energía/infraestructura, y el documento vincula ese movimiento con la evolución de su riqueza estimada por Forbes, que vuelve a niveles muy altos en 2024.