Desde diciembre de 2023, el Gobierno reordenó la política tarifaria bajo el discurso del “sinceramiento de precios” y el equilibrio fiscal. Pero el resultado no fue neutro: la reducción de subsidios fue más que compensada por fuertes aumentos tarifarios, generando una transferencia directa desde hogares, comercios y pymes hacia un núcleo concentrado de empresas privatizadas. ⚡💸
📌 Entre 2023 y 2025, mientras el índice de precios implícitos de toda la economía subió 334%, el rubro electricidad, gas y agua aumentó 762%. Los servicios públicos regulados quedaron entre los sectores de mayor dinamismo de precios de la economía real.
📌 La canasta de servicios públicos básicos llegó a representar más del 14% del salario promedio registrado en el AMBA. Ese promedio, además, oculta una presión mucho mayor sobre trabajadores informales, economía popular y hogares de menores ingresos.
📌 El ajuste de subsidios fue uno de los pilares del superávit primario, pero el traslado a usuarios fue todavía mayor. La baja del gasto estatal no implicó una reducción equivalente del costo del sistema, sino su desplazamiento hacia las tarifas pagadas por hogares, comercios y pymes. En otros términos: el “ahorro fiscal” se sostuvo sobre una transferencia de ingresos superior al recorte de subsidios.
📌 Las empresas privatizadas ganaron con el nuevo esquema. En una muestra de 18 firmas de servicios públicos, los ingresos por ventas crecieron 28% real entre 2023 y 2025, mientras el valor bruto de producción de toda la economía apenas aumentó 1%.
📌 También crecieron las ganancias. La masa agregada de beneficios de estas empresas aumentó más de 55% real entre 2023 y 2025, impulsada por la actualización tarifaria y la recomposición de ingresos regulados.
📌 El negocio está altamente concentrado. Detrás de las principales prestadoras aparece un núcleo reducido de grupos económicos nacionales con fuerte incidencia regulatoria: Mindlin, Eurnekián, Rocca/Techint, Vila-Manzano, Brito, Bemberg, Reca y Neuss, entre otros.
📌 El caso Neuss aparece como uno de los grandes ganadores del ciclo Milei. Ligado a la familia Caputo, el grupo amplió su presencia en generación, transporte y distribución eléctrica a partir de operaciones vinculadas a las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases.
📌 Pero las mayores ganancias no se tradujeron en más inversión proporcional. La inversión productiva de la muestra pasó de representar 15% de las ventas en 2023 a 11% en 2024 y 14% en 2025. Es decir, mejoró la rentabilidad, pero no hubo un salto equivalente en infraestructura.
📌 Parte del excedente se volcó a activos financieros. Varias prestadoras aumentaron sus carteras en fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones y otros instrumentos financieros. En algunos casos, esas tenencias representaron porcentajes muy elevados de su facturación.
El informe muestra que la política tarifaria del Gobierno no sólo deterioró el poder adquisitivo de los hogares y elevó los costos de pymes y comercios. También consolidó un esquema regulatorio de privilegio para empresas privatizadas que aumentaron ingresos y ganancias sin una respuesta inversora equivalente. En lugar de mejorar estructuralmente los servicios, el modelo refuerza la apropiación de excedentes por parte de sectores concentrados del poder económico.
Las privatizadas con Milei. Tarifazos, ganancias extraordinarias y reticencia inversora
Desde diciembre de 2023, el Gobierno reordenó la política tarifaria bajo el discurso del “sinceramiento de precios” y el equilibrio fiscal. Pero el resultado no fue neutro: la reducción de subsidios fue más que compensada por fuertes aumentos tarifarios, generando una transferencia directa desde hogares, comercios y pymes hacia un núcleo concentrado de empresas privatizadas. ⚡💸
📌 Entre 2023 y 2025, mientras el índice de precios implícitos de toda la economía subió 334%, el rubro electricidad, gas y agua aumentó 762%. Los servicios públicos regulados quedaron entre los sectores de mayor dinamismo de precios de la economía real.
📌 La canasta de servicios públicos básicos llegó a representar más del 14% del salario promedio registrado en el AMBA. Ese promedio, además, oculta una presión mucho mayor sobre trabajadores informales, economía popular y hogares de menores ingresos.
📌 El ajuste de subsidios fue uno de los pilares del superávit primario, pero el traslado a usuarios fue todavía mayor. La baja del gasto estatal no implicó una reducción equivalente del costo del sistema, sino su desplazamiento hacia las tarifas pagadas por hogares, comercios y pymes. En otros términos: el “ahorro fiscal” se sostuvo sobre una transferencia de ingresos superior al recorte de subsidios.
📌 Las empresas privatizadas ganaron con el nuevo esquema. En una muestra de 18 firmas de servicios públicos, los ingresos por ventas crecieron 28% real entre 2023 y 2025, mientras el valor bruto de producción de toda la economía apenas aumentó 1%.
📌 También crecieron las ganancias. La masa agregada de beneficios de estas empresas aumentó más de 55% real entre 2023 y 2025, impulsada por la actualización tarifaria y la recomposición de ingresos regulados.
📌 El negocio está altamente concentrado. Detrás de las principales prestadoras aparece un núcleo reducido de grupos económicos nacionales con fuerte incidencia regulatoria: Mindlin, Eurnekián, Rocca/Techint, Vila-Manzano, Brito, Bemberg, Reca y Neuss, entre otros.
📌 El caso Neuss aparece como uno de los grandes ganadores del ciclo Milei. Ligado a la familia Caputo, el grupo amplió su presencia en generación, transporte y distribución eléctrica a partir de operaciones vinculadas a las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases.
📌 Pero las mayores ganancias no se tradujeron en más inversión proporcional. La inversión productiva de la muestra pasó de representar 15% de las ventas en 2023 a 11% en 2024 y 14% en 2025. Es decir, mejoró la rentabilidad, pero no hubo un salto equivalente en infraestructura.
📌 Parte del excedente se volcó a activos financieros. Varias prestadoras aumentaron sus carteras en fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones y otros instrumentos financieros. En algunos casos, esas tenencias representaron porcentajes muy elevados de su facturación.
El informe muestra que la política tarifaria del Gobierno no sólo deterioró el poder adquisitivo de los hogares y elevó los costos de pymes y comercios. También consolidó un esquema regulatorio de privilegio para empresas privatizadas que aumentaron ingresos y ganancias sin una respuesta inversora equivalente. En lugar de mejorar estructuralmente los servicios, el modelo refuerza la apropiación de excedentes por parte de sectores concentrados del poder económico.
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