El hambre, la pobreza y aquellos que la padecen es la expresión más visible de la exclusión.
La tan sola presencia de estas situaciones y de millones de personas que viven privadas de sus libertades, del pleno desarrollo de sus capacidades, de los derechos socialmente constituidos como tales son la más cabal muestra de que algo funciona mal desde el proceso económico, desde la misma política pública que atañe al conjunto de las instituciones.
A la dificultad de dar respuesta a esta deuda social pendiente desde los distintos modelos de política económica que tuvieron vigencia hasta la actualidad se adiciona uno nuevo: el desconocimiento del gobierno de una parte importante de esta problemática social a partir de su subestimación en las mediciones oficiales.
Actualmente, según el INDEC intervenido, la pobreza alcanza al 12% de la población (4,8 millones de personas), mientras que la indigencia afecta al 3,1% (1,2 millones de personas). Sin embargo, tanto la alteración en la medición de los precios a partir de la intervención oficial, como la vigencia de una metodología que no tiene en cuenta los cambios en el patrón de consumo, llevan a que estas tasas se encuentren subestimadas en un 61% y en un 77% respectivamente. Es decir, el INDEC oculta la existencia de casi 7,4 millones de pobres, de los cuales 4,2 millones están pasando hambre.
