En el marco de la presentación de la propuesta Argentina de indemnización a REPSOL, Claudio Lozano y Gustavo Lahoud presentan el informe sobre la situación energética en la Argentina; el camino recorrido desde el menemismo (1989) y las leyes que sostuvieron el cambio de matriz, para finalizar proponiendo una batería de medidas que–en lo inmediato y en el mediano y largo plazo- permitan reducir los efectos de la irreversible pérdida de reservas en esta materia y la recuperación real de soberanía energética.
En su carácter de presidente del bloque Unidad Popular, Lozano se refirió a la propuesta del gobierno argentino a Repsol sosteniendo que: “el ominoso acuerdo indemnizatorio reconocido a Repsol constituye un paso más en la pérdida de la soberanía energética. El gobierno nacional lejos de transformar la recuperación del 51% de las acciones de YPF en un camino para recuperar el manejo de la renta hidrocarburífera, modificar el marco regulatorio y diversificar la matriz energética, ha inmolado el discurso de la soberanía energética en el marco de una «asociación boba» de la petrolera estatal con las trasnacionales, dándole continuidad concreta al camino ya reflejado en el Acuerdo Chevrón.
El gobierno termina reconociendo una compensación millonaria a Repsol, luego de haber abandonado la tarea elemental de realizar una auditoría de activos completa, capaz de reflejar el manejo político-institucional y económico-financiero de la empresa en el marco del proceso de argentinización llevado adelante en el 2008 con el Grupo Eskenazi y que redundó no solo en la compleja trama de venta de activos sino en el vaciamiento vía remisión de utilidades al exterior que, solo en el trienio 2008-2010, alcanzaron la friolera del 140% de las utilidades de la compañía. Tampoco encaró la auditoría completa de los pasivos ambientales que Repsol nos dejó. Solo en este marco de ausencia de tasación del tribunal público correspondiente y de renuncia al ejercicio de nuestros derechos es que se entiende la compensación a Repsol.
El gobierno no ha dado los pasos correspondientes para defender el interés argentino habida cuenta de la complicidad que él mismo tiene con el citado vaciamiento.
El acuerdo con Repsol ratifica también un peligroso alineamiento internacional ya presente en el caso Chevrón y que se expresa en el protagonismo de PEMEX. Esta petrolera, que detenta el 9,3% del paquete accionario de Repsol, remite al rol de México como uno de los espacios geográficos donde se juega hoy la geopolítica de la energía mundial a la luz de la integración del citado país y de la citada petrolera (actualmente abierta al capital privado) a la denominada estrategia de «Seguridad Energética de Norteamérica».
Habrá que observar la letra chica del acuerdo (cosa que aun en el caso Chevrón desconocemos) para tener adecuada conciencia de la hipoteca que esta decisión comporta para el futuro energético de la Argentina. Futuro que solo puede incluir la explotación de hidrocarburos no convencionales como transición a la diversificación energética, y nunca como opción exportadora de una Argentina que, de ese modo, transitaría por situaciones de desastre ambiental”.
Extractos del análisis y propuesta energética
Estamos ante una situación en la que se combina nula capacidad de contralor público- lo que aumenta la capacidad de acción discrecional gubernamental- inconsistencia creciente de la política energética nacional y pérdida de margen de maniobra soberano en materia de planificación del manejo, preservación y control de nuestros recursos energéticos.
Es hora de comenzar a actuar, en todos los planos y con perspectivas de corto, mediano y largo plazo, para recuperar nuestra soberanía energética, entendida como la capacidad de la comunidad para asegurar el suministro, estabilidad, acceso, sustentabilidad y aumento del margen de maniobra en un contexto de cooperación regional ampliada y profundizada a través de la integración energética y científico-tecnológica.
Algunos items de la presente Propuesta energética
a – Escenario de corto plazo: cambiar el marco regulatorio para maximizar la apropiación estatal de la renta petrolera del sistema hidrocarburífero.
b – Escenario de mediano plazo: asociaciones estratégicas.
i. Asociación estratégica con Petrobras: esquema de vinculación pensado en función de las capacidades tecnológicas de la empresa brasileña en la explotación offshore, en la perspectiva de la planificación de la exploración del frente marítimo.
ii. Asociación estratégica con PDVSA: maximización de la oferta potencial de petróleo en el mediano plazo y know how de la Argentina en materia nuclear.
iii. Asociación estratégica con Bolivia: maximización de la oferta potencial de gas y construcción de infraestructura de transporte, fraccionamiento y distribución de combustibles líquidos.
El largo plazo: eficiencia y diversificación de la matriz energética: la diversificación de la matriz de generación de energía, orientada fundamentalmente al logro de metas/objetivos de crecimiento paulatino de la oferta de energía basada en recursos renovables.
Hitos del proceso de pérdida de soberanía sobre nuestros recursos y consecuencias:
(..) para 1989, teníamos 30 años de reservas de gas y unos 28 de petróleo y después de más de 20 años, nos encontramos con una situación de difícil reversión en el corto plazo, ya que contamos con 8 años aproximadamente de reservas de petróleo y unos 9 de reservas de gas, con un estancamiento estructural en la reposición de reservas debido a la falta de inversiones que permitieran reducir la magnitud de los daños acumulados, a sabiendas que, a pesar de todo ello, nuestro país ha sido poseedor de modestas reservas hidrocarburíferas, lo cual es muy diferente de ser un Estado sentado sobre riquezas petroleras desbordantes ( es decir, como señalábamos antes, somos un país con gas y petróleo pero no un país petrolero y gasífero).
En los últimos años, las medidas tomadas han profundizado las vulnerabilidades de la Argentina en los aspectos señalados, ya que en 2006 se aprobó la Ley 26.197- denominada Ley Corta- que modificó la Ley nacional de hidrocarburos 17319, vigente desde 1967.
Esta ley, aprobada en 2006 y promulgada en enero de 2007, profundizó el escenario de desguace de las estructuras nacionales de planificación e intervención en materia de política energética, que comenzó con los famosos tres decretos liberalizadores de la Administración Menem- 1055/89, 1212/89 y 1589/89- y que continuó con la Ley 24.145 de federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF, sancionada y promulgada en 1992. En efecto, en su artículo 1º, la denominada Ley corta establece: “ Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentre”. De esta manera, refuerza lo normado por la citada Ley de 1992 y modifica dramáticamente la Ley nacional de hidrocarburos 17319, vigente desde 1967 y que establecía taxativamente la propiedad inalienable, imprescriptible y exclusiva del Estado nacional sobre todos los recursos hidrocarburíferos existentes. En conclusión, las provincias poseen el dominio originario sobre los recursos ( art. 2 de la Ley) y, además, se transforman en la autoridad concedente y de aplicación en materia de contratos y tienen el poder de fiscalización y de policía en lo que respecta a asuntos tributarios y regulatorios.