Trabajo elaborado por Claudio Lozano junto a Jaime Farji. El mismo detalla cómo el Proyecto de Ley sobre contrataciones y asociaciones público privadas, que pretende regular la participación del sector privado en el desarrollo de la obra pública y en las distintas contrataciones, olvida el interés público y privilegia al extremo el interés privado. Este proyecto tiene media sanción del Senado.
Para Lozano, “en primer lugar el Proyecto establece que las sociedades público- privadas que se constituyan al amparo de esta ley, quedarán fuera de todas las regulaciones y normas que hoy rigen las contrataciones del Estado. En este sentido se exceptúa a estas sociedades de tener que cumplir con la Ley de Obras Públicas y con la ley que regula la construcción de rutas por peajes. A la vez se las exime de cumplir con el régimen de contrataciones del Estado.
También se las exceptúa de cumplir con el Código Civil y Comercial abriendo la puerta a contratos en dólares y pagaderos exclusivamente en dólares.
Por último, y en abierta contradicción con los declamados objetivos antiinflacionarios del gobierno se derogan los artículos de la ley de convertibilidad que prohíben la indexación. Es decir, se permite la indexación. Como si todo esto fuese poco, la norma propuesta por el Macrismo y que ya tiene media sanción del Senado, abre la puerta a que en caso de controversias se pueda continuar con la práctica de de renunciar a nuestra soberanía y prorrogar jurisdicción en favor de tribunales extranjeros. Cuestión esta que con absoluto desparpajo, se establece en la norma en cuestión, que será el Poder Ejecutivo quien lo decidirá y no el Parlamento Nacional.
Por último, este impresentable proyecto no solo limita la capacidad de maniobra de la Administración Nacional en el marco de la ejecución de las obras sino que a la vez permite que pueda modificarse la estructura de propiedad de la empresa asociada o incluso que la empresa asociada le ceda a un tercero el contrato ya sea parcial o completamente.
Es inentendible que el Estado haga un proceso de selección para determinar con qué empresa quiere asociarse y llevar a cabo determinado emprendimiento para que luego dicha empresa pueda ser sustituida sin ninguna limitación. En suma, el gobierno propone eliminar regulaciones para ampliar los grados de libertad de los principales contratistas olvidando, de manera expresa, el interés del conjunto de la sociedad. Los diputados debieran frenar este dislate”.
