Informe elaborado por Gustavo Lahoud, miembro del IPYPP.
Para Lozano, “en la década transcurrida desde la crisis financiera del 2008 se han puesto en escena las posiciones diversas y hasta intransigentes entre los distintos países del G20.
Se cruzan los intereses de sectores corporativos trasnacionales dominados por las finanzas y las nuevas tecnologías infocomunicacionales con las posiciones neoproteccionistas llevadas adelante por los Estados Unidos. Lo que se ha materializado en la abierta puja comercial con China, país al que el Gobierno de Trump le impuso aranceles de importación a una amplia gama de bienes por un total de más de U$S 300.000 millones. Esto último, equivale a casi la mitad del comercio bilateral.
Esta es una de las grandes peleas de fondo detrás de la Agenda del G20, marco en el que se afirma una abierta disputa por el control, apropiación y distribución de tecnologías sensibles para el avance de grandes sectores económicos. En este contexto, la estrategia China, mira con buenos ojos los mercados latinoamericanos con el objeto de potenciar las relaciones comerciales y de inversión que impulsara desde hace más de una década. Este objetivo rivaliza con los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región. En un escenario altamente conflictivo, la reunión del G20 en Buenos Aires estará más cerca de la cristalización de una nueva ronda de desacuerdos globales, antes que la consumación de consensos mundiales sobre temáticas que tensan cada vez más el clima de convivencia internacional.
Por último, el saldo concreto y preocupante que esta Cumbre parece dejar en nuestro país, es el haber sido excusa para la afirmación de un entramado represivo de singular magnitud. Más de $3.000 millones de pesos puestos a disposición de operativos de control y escenarios de colaboración en materia de inteligencia y seguridad con fuerzas de las principales potencias del mundo: EE.UU., China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania. En simultáneo, el ingreso de efectivos de las fuerzas del Comando Sur, con el objeto de adiestrar a nuestras fuerzas de seguridad y la apertura de nuestro territorio a la instalación de bases del Comando Sur Norteamericano sobre nuestros recursos naturales. Proceso este que se articuló con la modificación por decreto de la Ley de Defensa para permitir que las Fuerzas Armadas operen como reserva y apoyo en el control represivo interno”.
