Informe elaborado por el Equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas fundado por Claudio Lozano y que coordina Ana Rameri.
Para Lozano, “la única manera de resolver de manera urgente la emergencia alimentaria es la implementación de un programa de carácter universal que garantice seguridad económica a la población en edades centrales. Una alternativa posible que superaría el propósito de la tarjeta alimentar es la conformación de un piso alimentario para toda la población conformada por la asignación universal por hijo para la población menor de 18 años y un ingreso básico universal (IBU) destinado a toda la población que no tenga garantizado un ingreso formal. En tanto el IBU equivaldría a la línea de indigencia para un adulto, una familia tipo tendría garantizado un ingreso mensual de $ 25.600.
Sostenemos que resulta equivocada la visión (planteada por algunas organizaciones sociales) que confronta la universalización de los ingresos con la implementación de planes con contraprestación laboral. Es una mirada que parece no reconocer el proceso de intensificación de la pobreza (urgencia del hambre) en el contexto pandémico. Tampoco parece reconocer las discusiones contemporáneas (planteadas por el feminismo y el paradigma del conocimiento) respecto a qué es y qué no es trabajo, e incluso desconoce el proceso de precarización de las relaciones laborales que hace que hoy el 25% de quienes trabajan son pobres.
Por último, parece no entender que un ingreso universal en un contexto de congelamiento de precios dinamizaría la demanda en el mercado interno coadyuvando a la utilización de la capacidad ociosa, el aumento de la producción y la generación de empleo.
La Argentina de hoy no debe discutir entre universalidad de ingresos o trabajo. Debe combinar la universalización de los ingresos sobre la población asalariada y desocupada con la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado. El problema de la Tarjeta Alimentar no es que se podrían haber generado más planes potenciar trabajo. Es que no universaliza y no garantiza el piso alimentario que la Argentina necesita. Existen recursos fiscales y políticas que permitirían financiar los 3 puntos del PBI que requiere nuestra propuesta.
Por último, lo resuelto respecto a la tarjeta alimentar es una demostración más de la dificultad de los movimientos populares nacidos a mediados del siglo pasado en el marco de la industrialización, para avanzar en la universalización de los ingresos. Ese límite resultante de un contexto histórico que ya no existe, generó en gestiones pasadas que fuera necesaria una derrota electoral (2009) para que se impulsara la AUH. Instrumento este que término siendo la política social más efectiva. Insistimos que el cuadro social de incremento de la pobreza y aun más de la indigencia en el marco de la gestión del frente de todos exige que nos adelantemos a la coyuntura electoral recuperando la universalidad como criterio de política pública en la intervención sobre el tejido social.
Necesitamos ya garantizar un PISO DE INGRESOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DE NUESTRO PUEBLO.