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Presentamos informe elaborado por Gustavo Lahoud, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

En este informe se abordan detalladamente tres grandes aspectos: el capítulo energético en las cuentas fiscales y el rol de los subsidios, el proyecto de promoción de inversión hidrocarburífera presentado recientemente por el gobierno nacional, al tiempo que se aporta también una serie de lineamientos para contribuir a la conformación de un nuevo modelo energético soberano.

Adelantamos algunas de las reflexiones salientes del documento:

Los subsidios destinados a cubrir distintos conceptos de la política energética concentran alrededor del 80% del total subsidios económicos vigentes en el presupuesto. Éstos, durante el año 2021, se han multiplicado respecto a lo verificado el año pasado. Sin embargo, el presupuesto para el próximo año indica un ajuste de 0,6 p.p. del PBI al pasar de representar 2,1 p.p. a 1,5 p.p. en el 2022, que podría ser compatible con aumentos tarifarios, al parecer segmentados, en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural. Se advierte, una vez más, que no parece darse cabida a un enfoque integral de la problemática, que debería incorporar un minucioso monitoreo de costos operativos de las empresas eléctricas y gasíferas en sus distintos segmentos.
El proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas descansa sobre la factibilidad futura de poner en marcha un esquema de inversiones crecientes en los yacimientos hidrocarburíferos, especialmente no convencionales, con un sesgo claramente exportador. La cosmovisión neodesarrollista del gobierno, ligada a la rentabilización de actividades productivas extractivas que permitan rápidamente generar excedentes exportables, supone también poner en primer plano las prioridades estratégicas de las grandes empresas en materia de disponibilidad de divisas y de incentivos asegurados por dos décadas.

También se “institucionaliza” el Plan Gas 4, lanzado a fines de 2020 y que ya se está instrumentando desde comienzos de 2021 y que permitió que, entre enero y julio, que los subsidios otorgados por el Estado nacional destinados a los actores concentrados del mercado superen los USD 1.500 millones.
La ausencia de un replanteo integral en el proyecto y la omisión de los condicionamientos estructurales que estos mercados tienen en su funcionamiento ponen en duda las cláusulas ambientales y las intenciones de generar ecosistemas productivos.

Es necesario un modelo alternativo que conciba a la energía como bien estratégico y como derecho humano, que YPF recupere su rol rector de empresa estratégica en la planificación de toda la política energética, la revisión profunda de las cadenas de valor y costos de toda la industria hidrocarburífera y eléctrica para que los costos de producción, precios y tarifas sean en pesos, entre otros tanto puntos pendiente para conformar una agenda energética soberana.

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