Esta semana se oficializó el reemplazo de la movilidad jubilatoria que operó hasta el mes de Marzo por un nuevo diseño de indexación, mediante una decisión unilateral del gobierno establecida por decreto, por fuera del debate parlamentario que había comenzado a desarrollarse. La nueva fórmula supone una actualización mensual según la inflación, con un rezago de dos meses.
La evaluación de la dinámica de los haberes previsionales a la luz de los recientes cambios, que desarrollamos con más detalle en nuestro informe, lleva a destacar las siguientes observaciones:
• La movilidad que estuvo vigente hasta el momento, resultó absolutamente ineficaz para sostener el poder adquisitivo de los haberes debido a la ausencia de un mecanismo de indexación que blindara a los/as jubilados/as en contextos de aceleración inflacionaria como el que se dio desde 2022 y con mayor velocidad desde el Caputazo. Se llega al momento previo a la asunción de Milei con un retraso del 34% para los haberes que se compensó parcialmente con la política de bonos para el haber mínimo (incluyendo los bonos, el retraso de este período fue del 7%, pero el deterioro fue aún mayor si se compara con el bono que la misma gestión del FdT había dado al comenzar su gestión).
• Al asumir el gobierno de LLA, la devaluación y desregulación de los precios fue suficiente para generar una licuación brutal de los haberes, sin necesidad de introducir cambios en la fórmula de actualización. De esta manera, al mes de marzo, con la fórmula sin modificar, el gobierno rebanó entre el 16,4% y el 21,8% de los haberes con y sin bono, respectivamente.
• El DNU 274/2024 que define una nueva movilidad no contiene definiciones sobre el sostenimiento del bono que actualmente recibe una parte importante de jubilados/as. Definición por demás relevante para evaluar con precisión la trayectoria próxima. Si bien trascendió que podría mantenerse en Abril, es esperable que al ajustar los haberes por el IPC, estos bonos tiendan a eliminarse progresivamente.
• Al mes de abril, por lo pronto, el incremento será del 27,4% nominal (13,2% por la inflación de febrero y 12,5% como compensación) pero no logrará recomponer la pérdida de los haberes provocada por la licuación sufrida en Diciembre y Enero: en Abril, el poder de compra de las jubilaciones se ubicará un 11% por debajo de Noviembre 2023 y llegaría a mediados de año con un retraso del 5% del haber mínimo, pérdida de bolsillo que será del 33% si se decide discontinuar el pago del bono.
• En un contexto hipotético de desaceleración gradual de la inflación y posterior estabilidad de los precios, el DNU 274 genera una recomposición parcial de los haberes en comparación con el hachazo que recibieron ni bien asumió el Gobierno de Milei, para luego dejarlos congelados en un nivel que se ubica abismalmente por debajo del que tenían hace unos años, cristalizando así la pérdida que acumularon las jubilaciones desde 2015 en adelante. Si se lograra eliminar la inflación hacia Mayo 2025 y se discontinuaran los bonos, el monto total cobrado por los/as jubilados/as de la mínima quedaría en términos reales en torno a un 20% por debajo de Noviembre 2023 y un 47% por debajo de Diciembre 2019.
• La caída en el poder de compra de los haberes se expresa también en la reducción vertiginosa que tuvieron en relación a la CBT para un adulto. Con los datos a Marzo 2024 los/as jubilados/as de la mínima apenas cubren el 52,4% de la CBT, proyectada en torno a los $256 mil, frente a un haber mínimo de $134.445. Incluso si se contabilizan los bonos, el monto total cobrado queda un 20% por debajo de la canasta. Si bien el DNU puede implicar una recomposición parcial, se consolida en un nivel tal que el haber mínimo ya no logrará cubrir el valor de la CBT.
• Una vez más se ratifica el objetivo clave que tienen todas las políticas de ajuste coordinadas con el Fondo Monetario Internacional, que concentran la reducción del gasto en la rebaja del gasto previsional. La decisión de modificar la fórmula, más allá de la recomposición parcial que genera en un comienzo, a la larga supone que en un contexto de desinflación el peso del gasto previsional sobre el total del gasto público va a ser sustancialmente menor.
