El presupuesto 2025 presentado por el gobierno de Javier Milei al Parlamento no es más que una reedición del manejo discrecional que ya caracterizó su administración durante 2024. Lejos de representar una propuesta seria y coherente, el proyecto refleja una serie de profundas inconsistencias macroeconómicas y políticas que deberían llevar a Diputados y Senadores a rechazarlo. La única opción razonable es devolver este proyecto al Poder Ejecutivo para que lo rehaga y presente algo que realmente merezca ser discutido.
El problema no se limita solo a las proyecciones irrealizables de crecimiento económico e inflación, sino a la consolidación de un modelo de ajuste perpetuo que impacta de manera devastadora en áreas clave como la salud, la educación y la seguridad social. Los sectores más vulnerables de la población serán los más perjudicados por los recortes, mientras que el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda. Para colmo, se prevé una toma de deuda externa por 10.000 millones de dólares, lo que evidencia que ni siquiera el ajuste fiscal alcanza para cubrir los compromisos con los acreedores internacionales.
Además, el presupuesto establece una Regla Fiscal que subordina todo el gasto público a la necesidad de generar un superávit para pagar la deuda. Milei ha sido claro: cualquier falta de ingresos deberá compensarse con recortes, lo que garantiza una reducción constante del gasto público como porcentaje del PBI. Este mecanismo no es más que una fórmula para sostener lo insostenible: un ciclo de ajuste y endeudamiento que solo beneficia a los acreedores, mientras la población sigue sufriendo las consecuencias de la recesión, la inflación y la falta de inversión en sectores esenciales.
El proyecto suspende las leyes que garantizan mínimos de inversión en educación, ciencia, tecnología, educación técnica, y defensa, así como la movilidad de las asignaciones familiares, incluyendo la asignación universal por hijo (AUH) y la asignación por embarazo. Para agravar la situación, el Ejecutivo se libera de las limitaciones de la Ley de Administración Financiera, permitiendo reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso.
Este presupuesto es una herramienta para que el Ejecutivo mantenga el control absoluto sobre el gasto público, tal como lo ha hecho en 2024. Los legisladores que realmente quieran cumplir con su deber no deberían aprobar esta propuesta que consagra la discrecionalidad del gobierno. Es hora de poner fin al manejo presupuestario por decreto y exigir una propuesta que verdaderamente merezca ser debatida en el Congreso.