YPF: precios, rentabilidad, fracking y sospechosas desprolijidades

“¿Para qué sirvió expropiar YPF”. Reflexiones a un año de la expropiación Claudio Lozano,  Tomás Raffo y Gustavo Lahoud. En dicho informe se realiza una evaluación de las principales medidas que se han adoptado en materia hidrocarburífera a partir de la estatización, basada en cuatro puntos principales: a) el aumento de precios en el sector: b) Los datos del balance de YPF; c) Las políticas en planeamiento; y d) Los oscuros puntos en blanco de la expropiación.

Para Lozano, “no votamos la expropiación de las acciones de YPF para mejorar los balances de las petroleras privadas ni para continuar los negocios con Repsol”. Y agregó que, “encima ahora quieren transformar el fracaso de YPF como excusa para el blanqueo de quienes fugan, lavan, incumplen y delinquen”.

A modo de conclusión el trabajo sostiene que, “a un año de la expropiación de YPF todo el sector energético sigue funcionando con serias carencias, persistiendo gravísimos problemas de regulación, falta de planificación e inconsistencias que reflejan la pérdida de autonomía y soberanía energética.

La primera conclusión que surge del material que presentamos es que YPF en lugar de servir para bajar el precio de la energía y favorecer el proceso de reindustrialización, ha cumplido un rol fundamental en recomponer la rentabilidad empresaria del sector. El aumento del 66% del precio del barril de petróleo para su exportación, el aumento entre el 50% y el 66% del precio del gas en boca de pozo y el incremento del precio de los combustibles líquidos explican este proceso.

Así las cosas el ropaje estatal garantiza la renta extraordinaria de los privados. Este hecho acompañado por los estímulos a la exportación (contradictorios con el objetivo del autoabastecimiento), la opción por el fracking, la duplicación del déficit energético y la ausencia de avances en la expropiación sumado a la concesión de negocios a Repsol, definen un panorama preocupante y distante del discurso y la épica nacional y transformadora que el Gobierno ha pretendido imponer”.