El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha venido sancionando distintas normativas de fomento a determinadas actividades económicas. Consisten, en general, en el otorgamiento de privilegios impositivos a las empresas que se radiquen en las zonas indicadas, para desarrollar las actividades promovidas.
En algunos casos, también hay cesiones de inmuebles. Se presentan como una legítima intervención del estado para que se instalen tales actividades en determinadas zonas, lo que debería redundar en un beneficio para la zona, para la actividad y para la comunidad. En los hechos, no hay una estimación del costo fiscal, y por lo tanto no puede hacerse una evaluación de si el beneficio privado concedido redundará en un beneficio social equivalente.
Los diferentes regímenes no imponen a las empresas beneficiadas compromisos de inversión, ni tampoco en materia de creación de puestos de trabajo. Esto los convierte en un juego de «suma cero» en el que el sacrificio público iguala al beneficio privado. El presente trabajo expone las características principales, las empresas beneficiadas, y cómo fueron las votaciones que aprobaron estos proyectos en la Legislatura.