Análisis elaborado por Claudio Lozano, Tomas Raffo y Gustavo Lahoud. El Gobierno Nacional decidió agregar un paso más en su política de AJUSTE al anunciar la quita de subsidios de hasta un 20% en las tarifas de gas y agua, sin modificar un ápice el cuadro de apropiación de la renta petrolera por parte de las principales firmas del sector, incluido y a la cabeza YPF.
Así la quita de subsidios se traslada a las tarifas de los usuarios (que no sean beneficiados de planes sociales) y a los comercios, en lugar de financiarse con una reducción de los beneficios extraordinarios que capturan las firmas petroleras.
De este modo, a la devaluación del 60%, conjuntamente con su impacto en precios por encima del 30% anual y la consiguiente caída de los ingresos populares, en un contexto de aplicación de la tasa de interés, se agrega un nuevo ajuste derivado del mayor pago en los servicios públicos.
Este paso adicional que el Gobierno encara en su estrategia del Ajuste, constituye a su vez una pobre respuesta frente a los problemas que la misma pretende resolver, a saber: el de la escasez del gas frente a la mayor demanda esperable en el invierno, y el vinculado con el déficit fiscal del sector público.
Ni la escasez de oferta de gas se logrará revertir con la medida, puesto que se excluye de la misma a aquellos que más utilizan dicho insumo, esto es las industrias a las cuales no se les modifica el cuadro tarifario, y por ende, es de suponer que exacerbarán su comportamiento de utilizar y dilapidar el uso de un insumo “relativamente barato” fundamental para su ecuación de beneficios; ni mucho menos la cuestión fiscal, donde el déficit financiero orilla los $125.000 millones, y en palabras del ministro se estima ahorrar entre $5.000 y $13.000 millones con estas medidas.
