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Informe que analiza las ganancias de las productoras y distribuidoras de gas durante la gestión macrista.

Para Lozano, “una vez más la gestión Macri lleva adelante su conocida estrategia de ensayo y error con el objeto de seguir saqueando los bolsillos de los argentinos y colocar al Estado al servicio de las empresas. En un principio la disputa entre productoras y distribuidoras de gas fue saldada por una Resolución de la Secretaría de Energía que le trasladaba a los usuarios el 50% de la deuda que las distribuidoras habían acumulado como resultado del salto cambiario vivido y de la irresponsable política oficial de dolarización tarifaria.

El disparate que implicaba esa decisión en el marco del aumento de la tarifa del gas, sumado a los problemas de legalidad y constitucionalidad que tenía la medida desataron una ola de críticas que se saldó, como siempre, del peor modo. No se puso en debate el núcleo del problema de cuál es la dolarización tarifaria, ni tampoco se consideró que en un contexto de crisis como el actual aquellos sectores que vienen acumulando rentas extraordinarias debieran aportar en consecuencia.

En este marco, lo que era un saqueo al bolsillo del usuario se transformó en base a la hipocresía que caracteriza a la casta política dominante, en una estatización de la deuda de las distribuidoras. El material que ponemos a continuación, realizado en base a información de los balances que las firmas presentan en la Bolsa de Valores es elocuente respecto al disparate que supone poner recursos públicos en estas empresas.

El resultado neto de las productoras y distribuidoras de gas a lo largo de la gestión Cambiemos indica lo siguiente. Solo 10 firmas (4 productoras y 6 Distribuidoras) saltan de 9.038 millones de pesos de ganancias en el 2015 a 37.071 millones en el 2017. Es decir, que en solo dos años, multiplicaron por cuatro (tarifazos mediante) sus ganancias. Si se observa, además el resultado neto al segundo trimestre del 2018, este supera las ganancias de todo el año 2015.

No existe justificación alguna para que un Estado que en su presupuesto plantea desembarazarse de los subsidios a la tarifa social eléctrica, al agua y al transporte, que además paraliza la obra pública y reduce en un 14% el salario de sus trabajadores, se dedique a absorber las diferencias que por el tipo de cambio tienen las petroleras. Máxime cuando en el propio presupuesto 2019 se incluyen subsidios al oligopolio petrolero por más de 2.800 millones de dólares o lo que es lo mismo unos 114.000 millones de pesos”.

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