Informe «Cuentas Fiscales al primer bimestre 2020. Dilemas de la política fiscal en tiempos de negociación de la deuda».
La información fiscal que aquí presentamos relativa al primer bimestre del 2020 parece quedar lejana a pesar de reflejar lo ocurrido hace poco más de un mes. La pandemia del Covid-19 transformó lo que era un período de transición en la política económica en manos de un nuevo gobierno a un actuar en la emergencia propio del actual estado de excepción. En este sentido, los datos de la ejecución presupuestaria de los dos primeros meses del año, pese al poco margen de tiempo que involucra, refleja en parte el contenido de la agenda oficial que estaba en curso.
A la luz de los datos queda confirmada la estrategia del gobierno nacional por emprender un proceso de reparación económica y social sujeto a las posibilidades fiscales que le permitía el continuar pagando intereses de deuda mientras negociaba el endeudamiento público de los últimos años con los acreedores. Se verifica entonces un déficit fiscal primario de $31.263 millones y un resultado financiero negativo de $158.396 millones como resultado de la recuperación del gasto primario que, luego de varios períodos de exigencias derivadas del acuerdo con el FMI, logró superar al crecimiento del pago de intereses de deuda (51% vs 44%).
El relajamiento del imperativo del ajuste fiscal sobre estas partidas se experimentó en el gasto corriente primario que aumentó en un 4% en términos reales (…). Asimismo, el congelamiento tarifario dispuesto por 180 días implicó un aumento en la erogación de subsidios económicos del rubro energía del 46,9% en términos reales. Entre ambas partidas, este bimestre dispuso de $206.168 millones más que el año anterior. Sin embargo, otro conjunto importante de conceptos del gasto destinado al mejoramiento de las condiciones de vida de la población todavía no habían logrado ser atendidos. Entre ellos, los salarios de los trabajadores estatales (recién en marzo vendría un alivio) y la ayuda a las redes de servicios públicos de salud y educación a cargo de las provincias.
La herencia de un estado desfinanciado en materia impositiva comenzó a revertirse con algunas definiciones de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que dispuso el aumento de la alícuota de Bienes Personales junto con la suspensión de la caída del impuesto a la ganancia prevista en la reforma tributaria del 2017. Ambos impuestos son los únicos que superaron el crecimiento de la inflación y tuvieron aumento reales positivos del 152,2% y 7,1%, respectivamente. El resto de los gravámenes asociados al nivel de actividad económica dan cuenta de la continuidad del contexto recesivo.
El capítulo de la deuda, de todos modos, continuó teniendo relevancia en el ordenamiento fiscal. Durante el primer bimestre se pagaron $127.133 millones en concepto de intereses de deuda, un 44% más que año anterior.
Podemos decir entonces que el actual gobierno decidió no pararse sobre el default ocasionado por la gestión de Macri para desde allí negociar con los acreedores y disponer mayor margen acción para atender el gasto social. Pero tampoco continuó por el sendero de la austeridad fiscal diseñado por Cambiemos. Los avances en materia social a comienzos del corriente año revelan que los criterios de la gestión de la deuda estaban contenidos en una estrategia que pasó del ajuste a la moderación fiscal.
En definitiva, las cuentas fiscales del primer bimestre revela los avatares de una gestión que se debate entre los compromisos de la deuda pública y la recuperación de la política fiscal. Dilema que esperaba ser resuelto el pasado 31 de marzo por el resultado de las negociaciones con los acreedores y que, sin embargo, la emergencia social y económica precipitada por la pandemia terminó por dirimir, desplazando las restricciones de la deuda y fortaleciendo la intervención del estado en el tejido social y en la actividad económica.
Elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) de Unidad Popular, fundado por Claudio Lozano y coordinado por Ana Rameri.