Para Lozano, “el presupuesto 2021 presenta un planteo fiscal de una economía que ha superado por completo la actual condición sanitaria y las medidas de cuidado y restricciones a la circulación que operan hasta el momento.
Uno de los rasgos más saliente de la lectura general del proyecto de ley es el sesgo neodesarrollista de la política económica que como tal desplaza todo intento de política de ingresos de shock y en reemplazo ofrece un rol público destinado principalmente a sostener garantías favorables para inversión productiva.
Estabilidad, sostenibilidad, tranquilidad macroeconómica son parte de los principales objetivos que orientarán el accionar del sector público junto al acompañamiento de la infraestructura necesaria. De esta manera, la política de ingresos no será, según una lectura textual de la letra de los planes de gobierno, la palanca para la reactivación económica.
La apuesta del gobierno es exactamente al revés, sería el repunte de la actividad privada la que recomponga el empleo y así los ingresos. Sin lugar a duda, se eligió el camino lento para la recomposición del cuadro social por ser la que minimiza el impacto presupuestario, aunque resulta claramente inoportuna si tenemos en cuenta la urgencia que significa el momento histórico actual con tasas récord para los niveles de pobreza e indigencia. Un precio demasiado alto para cumplir con el imperativo de reducir el rojo en las cuentas públicas.”