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El documento que aquí presentamos analiza el desempeño de las cuentas fiscales del Estado Nacional desde la asunción del gobierno del Frente de Todos.

Describimos la dinámica asumida por la recaudación, la política del gasto público y el plan financiero de una gestión que durante la mayor parte del tiempo debió afrontar una situación extraordinaria, una profunda crisis promovida por una pandemia global.

En ese contexto es notable la diferencia entre un año y otro. En el 2020 la información fiscal da cuenta del intento gubernamental para contener la crisis sanitaria y económica. Se observa así un aumento del gasto primario del 63 % frente a un incremento de recursos de apenas 23 %. Comportamiento este que impulsó un aumento del déficit primario del 1740 %.

En sentido inverso, la hoja de ruta del 2021 evidencia una estrategia de prudencia fiscal en la búsqueda de apoyo externo. Ajuste de gasto para reducir el déficit y reconstrucción del mercado de deuda en pesos definen un planteo presupuestario para el 2021 que supuso el control sobre la pandemia al tiempo que alineó la estrategia fiscal en el marco de la negociación con el FMI. Dicho esto, resulta ilustrativo comparar el esfuerzo fiscal de las medidas adoptadas frente a la segunda ola, respecto a las tomadas el año pasado.

Mientras durante la primera ola de la pandemia las medidas adoptadas representaron el 3,5 % del PBI, lo planteado en el escenario de la segunda ola representa el 1,06 % del mismo. Mientras el año pasado se crearon programas nuevos como el IFE y el ATP, este año solo se reforzaron los programas ya existentes.

Si bien hay que comprender que el escenario actual no es el mismo que tuvo lugar en el 2020 cuando en el marco de la cuarentena estricta el parate de la actividad era absoluto y el Estado debía compensar la ausencia del Sector Privado como generador de empleo e ingresos, hoy también es imprescindible una potente intervención. Pese a los cambios evidentes en los niveles de actividad económica, el problema hoy es el sesgo profundamente desigual de la recomposición vivida por la economía. Esto por un lado obstaculiza la recuperación del mercado interno socavando la sostenibilidad del crecimiento (recordemos que tanto en febrero como en marzo el EMAE dio variaciones mensuales negativas, de – 0,9 y – 0,2 respectivamente). Por lo tanto, establecer una garantía pública de ingresos sobre la informalidad y el desempleo (en línea con lo que fuera el IFE) y apuntalar a las pymes, las cooperativas y a las unidades económicas de la economía popular (en línea con lo que fue el ATP) no solo permitirían paliar la difícil situación social, sino que dotarían al proceso de recuperación económica del componente inclusivo del cual carece.

Claudio Lozano

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