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Informe elaborado por Claudio Lozano y el equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina Ana Rameri.

En esta edición se desarrollan los siguientes temas:

  • Perfil productivo
  • Concentración económica y dinámica inflacionaria
  • Cuentas fiscales
  • Endeudamiento y dependencia financiera externa
  • Mercado de trabajo
  • Configuración social

Síntesis del trabajo 

El segundo trimestre del año evidencia el impacto de la segunda ola en la evolución de la actividad económica, que volvió a registrar caídas en los meses de Abril y Mayo y se ubicó así un 4% por debajo de los niveles de la pre-pandemia. Si bien en Junio el repunte de la producción industrial (+10,5%) y la actividad de la construcción (+6,8%) permiten anticipar cierta recomposición, el ajuste en el poder adquisitivo de los sectores populares pone límites al sostenimiento de la recuperación económica. Los datos disponibles hasta el primer trimestre 2021 indicaban que el crecimiento interanual del PBI tuvo un fuerte contenido de desigualdad expresado en la expansión del excedente bruto de explotación en 5,1 p.p. del PBI a partir, principalmente, de la reducción de la masa salarial en 3,8 puntos porcentuales, y también vía la apropiación de los subsidios instrumentados por el gobierno Nacional (1,5 p.p). La profundización de la desigualdad configura un mercado interno anémico que ahoga el proceso de reactivación e impide revertir el profundo deterioro en las condiciones de vida de la población.

Sectores del capital concentrado tales como el oligopolio petrolero, el agronegocio, las grandes empresas industriales y comercializadoras capturaron el deterioro del poder adquisitivo del salario vía precios y vía mayor explotación laboral. Lo expuesto impidió la consolidación de una reactivación económica fundada en la ampliación del mercado interno de base popular (si bien en el primer trimestre el PBI creció 2,5%, el consumo privado se retrajo un 0,7%). La primera mitad del año terminó con un importante encarecimiento en el costo de vida: la inflación no ha logrado perforar aún el piso del 3% mensual, registrando un incremento del 3,2% en Junio que acumula un 50,2% interanual, aún mayor para los productos alimenticios (+53,2%). El incremento en los precios de los productos esenciales golpea con más fuerza el estrato de bajos ingresos. De hecho, tanto el valor de la Canasta Básica Alimentaria como de la Canasta Básica Total llegaron a Junio 2021 con un aumento interanual del 57,6% y del 51,8%, respectivamente. Así, el valor de la CBA para una familia tipo alcanzó los $28.414, mientras que la CBT llegó a los $66.488.

En este marco, la evolución de las prestaciones sociales ajustadas según la fórmula de movilidad (jubilaciones, pensiones no contributivas, AUH y AAFF) registró en Junio una pérdida real interanual del 8,9%. Si bien en el caso de la AUH este deterioro puede haberse compensado a través del incremento y la extensión en la cobertura de la Tarjeta Alimentar, en el caso de las jubilaciones el fuerte ajuste experimentado durante la gestión de Cambiemos aún no ha logrado revertirse, e incluso se ha acentuado, más allá de los bonos que compensan transitoria y parcialmente el deterioro sufrido. Si tenemos en cuenta que la Canasta estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en Marzo de este año superó los $64.000 (último valor disponible), el haber mínimo apenas logra cubrir el 32% del consumo que necesitan las y los adultos mayores.

Por su parte, los salarios tuvieron una nueva pérdida en su poder de compra en el segundo trimestre (-0,9% en Abril, -0,5% en Mayo y -0,9% en Junio), acumulando así una caída del 4,8% en los últimos 12 meses y ubicándose un 23% por debajo de fines de 2017. Ante este escenario, la revisión al alza de las paritarias y la decisión de adelantar los aumentos previstos para el Salario Mínimo constituyen medidas necesarias para compensar al menos parcialmente la pérdida experimentada por los salarios. Hasta Junio el Salario Mínimo ($25.272) apenas cubría un 45,7% del valor de la Canasta que estimamos para un trabajador sin cargas de familia ($55.320). Con los tramos de aumento del SMVM que se adelantaron para Julio, Agosto y Septiembre, posiblemente esta relación mejore transitoriamente, si bien seguirá siendo un “piso salarial” claramente insuficiente para satisfacer las necesidades de reproducción social de la fuerza de trabajo en condiciones aceptables.

La intensificación de la explotación laboral queda reflejada, además, en que si bien la economía comenzó el año creciendo respecto al primer trimestre 2020, la tasa de empleo se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo. Dicho de otro modo, la reactivación se produjo con menores niveles de empleo. Según los datos de la Cuenta de Generación de Ingreso del INDEC, los puestos de trabajo se redujeron un 2,4% en el año y las horas trabajadas disminuyeron aún más, un 3,6%. Sin embargo, en la evolución de los últimos meses se aprecia cierta recomposición del trabajo registrado que según el SIPA volvió a crecer en Mayo respecto al mes previo (+0,2%), siendo el quinto mes consecutivo de incremento, aunque aún sin recuperar los niveles pre-pandemia. Si bien la llegada de la segunda ola impulsó nuevas restricciones a la circulación y a un conjunto de actividades, no solo que estas medidas fueron más laxas que el año pasado, sino que también se sostuvieron las políticas de protección del empleo formal (prohibición de despidos, doble indemnización y REPRO II para los sectores más afectados). De este modo, es posible que estas nuevas restricciones hayan impactado con más fuerza en el segmento informal, datos que conoceremos cuando esté disponible la información de la EPH correspondiente al segundo trimestre.

Por otra parte, el deterioro del poder adquisitivo provocó que, aún con crecimiento económico, la pobreza haya aumentado respecto a los ya elevados niveles que exhibía previo a la pandemia. Los ingresos tuvieron en promedio una pérdida real del 9,7% en el primer trimestre, en relación con el mismo período del 2020. En el 1er trimestre la pobreza se ubicó así en torno al 39,4% (nivel que si se descuenta el efecto aguinaldo, asciende al 42,2%). Si bien cayó respecto al 4to trimestre 2020, evidencia un claro aumento interanual: creció 4,8 puntos porcentuales respecto al primer trimestre 2020. Casi 2,4 millones de personas, aproximadamente, se volvieron pobres, a pesar de que en el mismo período el PBI creciera un 2,5%. Resulta preocupante también el incremento experimentado en la indigencia, que en el primer trimestre 2021 ascendió al 11,1% de la población, 0,7 puntos porcentuales por encima del 4to trimestre y 2,5 p.p. superior al mismo período del año anterior, lo cual se traduce en que casi 1,2 millones de personas se agregaron al conjunto de quienes pasan hambre en nuestro país.

En este marco, la política de ajuste que se ha llevado adelante en materia fiscal y monetaria desde Octubre 2020 hasta mediados de este año, si bien pudo contribuir a controlar variables monetarias, financieras y cambiarias, le ha puesto serios límites a la mejora de la situación social, la recomposición del consumo y la reactivación económica. Las cuentas fiscales acumuladas al mes de junio dan cuenta de una estrategia fiscal que implica contener al máximo el gasto corriente para lograr minimizar el déficit fiscal. La imprevista suba de los precios internacionales, la recaudación por el Aporte Solidario y la inflación creciente redundaron en los primeros seis meses del año en recursos fiscales muy por encima de los presupuestados. Sin embargo, se verificó un ajuste real en todas las partidas del gasto corriente que permitió alcanzar un déficit primario muy por debajo del originalmente presupuestado. Este recorte no sólo alcanzó el gasto en aquellas políticas públicas focalizadas en la atención de la cuarentena estricta (IFE y ATP), sino que se advirtieron ajustes reales en jubilaciones y pensiones, en los salarios públicos y en las transferencias corrientes, particularmente a provincias y universidades. Como resultado, el déficit primario se redujo a 0,5% del producto en el acumulado del primer semestre, un registro sorprendentemente bajo para un período asolado por la segunda ola pandémica.

Por otra parte, el fuerte ajuste implementado en el primer semestre no ha evitado que vuelvan a aparecer presiones en el mercado cambiario.  Si bien estas tensiones pueden resultar previsibles por el contexto electoral y la incertidumbre que ello genera, es necesario señalar que este tipo de conductas especulativas no están asociadas con el tipo de cambio que hay actualmente en Argentina. El nivel del tipo de cambio real multilateral da cuenta de que el país se encuentra en una situación competitiva en materia externa. En este marco, el comportamiento de los sectores dominantes en el mercado cambiario intenta erosionar el margen de acción del gobierno para implementar políticas expansivas. A ello se suma que el intento de reemplazar endeudamiento externo por financiamiento en el mercado local también está encontrando sus límites, expresados en el descenso del financiamiento neto y los importantes vencimientos que se esperan para el segundo semestre, generando nuevas presiones para el incremento de las tasas, con el consecuente impacto recesivo que esto puede provocar.

Si bien el Banco Central posee hoy una posición sólida de reservas para contener las tensiones en el frente cambiario, preservar esas reservas requiere llevar a cabo un replanteo profundo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y ejercer controles estrictos en el ingreso y salida de divisas. Por otra parte, la gravedad de la situación social exige abandonar la excesiva prudencia fiscal adoptada hasta el momento, a fin de recomponer ingresos en el mercado interno y evitar así que se ahogue la recuperación. Es necesario impulsar la demanda para inducir la utilización de la capacidad ociosa, lo cual requiere políticas redistributivas y un efectivo control del sistema de precios. Ha quedado claro que la búsqueda de negociaciones armónicas con los formadores de precios no dio resultado, por lo que urge aplicar una estrategia más estricta que contemple el control social del proceso inflacionario, de forma tal que el necesario refuerzo de las políticas de ingresos no se vea rápidamente neutralizado por el deterioro sistemático en el poder adquisitivo de las familias.

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