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La comunidad educativa se organiza para rediscutir y modificar el sistema de alimentación en las escuelas de la Ciudad.

Por Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis y Alejandro Volkind

Tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, madalenas, productos ultraprocesados para bebés de un año son algunos de los resultados a los que llegaron las cooperadoras y comunidades de las escuelas de CABA cuando fiscalizaron el servicio de comedores escolares que reina en la Ciudad desde hace 30 años.

A ese diagnóstico hay que sumarle enormes trabas a la hora de inscribirse a la beca alimentaria, viandas y porciones que no cumplen con los gramajes establecidos en los pliegos y una reducción sistemática de las raciones enviadas a las escuelas por parte de las empresas dedicadas a proveer a los comedores escolares.

Ahora, el GCBA pretende continuar por cuatro años más con este servicio y convocó a una licitación pública que está pensada para que todo siga igual. El 11 de marzo se abrieron los sobres con las ofertas presentadas por las empresas y en breve, la Comisión evaluadora dará a conocer qué concesionarias tendrán la responsabilidad de garantizar el servicio de comedor en cada escuela. Un negocio de más de 50 mil millones de pesos ($50.055.347.712) que ya tendría ganadores anticipados –las 19 empresas que hoy en día se ocupan del servicio- y perdedores asegurados: les estudiantes de la Ciudad.

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