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Por Jonatan Baldiviezo Y María Eva Koutsovitis

En la Agenda Global de Investigación y Acción en Ciudades y Ciencia del Cambio Climático se expresa: “Las ciudades pueden ser grandes catalizadores de cambio para implementar los acuerdos internacionales recientes, el Acuerdo de París, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la Nueva Agenda Urbana y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Las acciones para enfrentar el cambio climático a nivel de las ciudades mediante la adaptación y la mitigación serán decisivas para los esfuerzos nacionales dirigidos a cumplir con los compromisos internacionales asumidos”.

Esta Agenda surgió como resultado de la participación de más 700 académicos, líderes, innovadores y personajes influyentes de la Conferencia sobre Ciudades y la Ciencia del Cambio Climático –Cities IPCC– desarrollada en Edmonton, Canadá, del 5 al 7 de marzo de 2018. El Documento Final fue elaborado por el Comité Científico Asesor.

“El rol de las ciudades para afrontar el cambio climático es especialmente importante en el contexto de una población urbana creciente, la cual podría representar el 68% de la población mundial para 2050”, añade.

Las ciudades no sólo son actores esenciales para los planes de acción climáticos, sino que constituyen el ecosistema humano de la mayoría de la población mundial. Se prevé que la proporción de población mundial que vive en zonas urbanas aumentará del 55% en 2018 al 60% en 2030. En 1950, el 30% de la población mundial vivía en zonas urbanas. En 2018, 33 megalópolis albergaban al 13% de la población urbana mundial. Para 2030, el número de megalópolis aumentará a 41 y el 14% de los habitantes de las zonas urbanas del mundo vivirán en megalópolis.

La República Argentina, según proyecciones del INDEC, alcanzó en 2020 una población de 45.376.763 millones de personas y se encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo. El 92% de su población es urbana, muy por encima de la media mundial (56%) y por encima de la media de Europa (75%), de Estados Unidos (82,2%) y de la propia región de la que forma parte (83%). Según datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas de 2010, casi el 70% de la población argentina reside en los 31 aglomerados urbanos más grandes del país.

Últimos informes del IPCC y las ciudades

El 27 de febrero se presentó la contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del IPCC, titulada “Impactos, adaptación y vulnerabilidad”. En este informe se detalla que “(e)n los entornos urbanos, el cambio climático observado ha causado impactos en la salud humana, los medios de vida y la infraestructura clave. Los calores extremos, incluidas las olas de calor, se han intensificado en las ciudades, donde también se ha agravado la contaminación del aire y los eventos de mal funcionamiento de la infraestructura. Los mayores impactos se observan en las zonas urbanas donde se encuentran los asentamientos informales. La infraestructura, incluidos los sistemas de transporte, agua, saneamiento y energía, se ha visto amenazada por eventos extremos y de evolución gradual, con las consiguientes pérdidas económicas, interrupciones de los servicios e impactos en la calidad de vida”. Asimismo, “(b)ajo la tendencia mundial de la urbanización, la vulnerabilidad humana también se concentrará en los asentamientos informales y en asentamientos más pequeños de rápido crecimiento”.

El 4 de abril se aprobó la contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del IPCC, titulada “Mitigación del cambio climático”. El Informe plantea para los centros urbanos tres estrategias generales de mitigación: “i) reducir o cambiar el uso de energía y materiales hacia una producción y un consumo más sostenibles; ii) electrificación en combinación con el cambio a fuentes de energía de bajas emisiones; y iii) mejorar la absorción y el almacenamiento de carbono en el entorno urbano, por ejemplo, a través de materiales de construcción de base biológica, superficies permeables, techos verdes, árboles, espacios verdes, ríos, estanques y lagos”.

La capital argentina, sin Plan Climático

La Ciudad de Buenos Aires aprobó su primer Plan de Acción Climática en 2009. En 2015 aprobó el segundo Plan, adecuándose a los nuevos requerimientos planteados por la Ley 3871 de “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Esta ley sirvió de principal antecedente para la Ley Nacional 27.520.

El tercer Plan fue aprobado el 29 de marzo de 2021 por el Secretario de Ambiente (Resolución 63/2021) y define la estrategia para lograr que la ciudad sea carbono neutral, resiliente e inclusiva en 2050.

Esto dos últimos planes deberían ser la actualización del primero pero el Gobierno de la Ciudad los presenta como nuevos planes, desconectados unos de otros, en violación a la Ley 3.871 que exige la actualización periódica cada cinco años. Por ende, no existe ningún informe de evaluación de los resultados de los dos primeros planes. El tercero se aprobó sin considerar la existencia de los dos primeros.

En 2019, según los dichos del gobierno porteño, comenzó a discutirse este tercer Plan de Acción Climática. La Ley establece la obligatoriedad de la Participación Ciudadana, pero en el Decreto 122/2020 esta no fue reglamentada. En 2016 se había sancionado la Ley 5613, que creó el “Foro de Lucha contra el Cambio Climático”, que consiste en un encuentro anual.

La participación ciudadana quedó reducida a este Foro donde nunca se presentó un borrador siquiera del Plan aprobado en 2021. En una ciudad de casi tres millones de habitantes, que la discusión del Plan más importante de la ciudad quede reducida a un encuentro de un número ínfimo de personas que no recibieron información previa, resulta trágico.

El Foro de 2017, en la Legislatura, contó con 100 asistentes. El de 2018, en la Sede del Gobierno, con sólo 60. El de 2019, de vuelta en la Legislatura, con unas decenas de asistentes. Los últimos dos fueron virtuales: en 2020 participaron 102 asistentes y en 2021 apenas 60.

En 2017, la Ciudad adhirió al compromiso de convertirse en una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva para 2050, iniciativa impulsada por la red C40. Un objetivo por demás ambicioso considerando la situación actual de la ciudad. Entre las metas del Plan de 2021 se puede leer: 80% de edificios residenciales reacondicionados para el 2050 (estamos hablando de casi un millón de viviendas), el 30% de los techos residenciales con aprovechamiento solar fotovoltaico para 2050, el 100% de acceso a los servicios básicos para la población afectada por los procesos de urbanización para 2030 (se destaca que aproximadamente 400.000 personas viven en villas o barrios populares sin acceso a los servicios públicos domiciliarios formales), etc.

Objetivos sensatos en un contexto de crisis climática pero que no cuentan con un verdadero plan de acción año tras año, ni indicadores cuantitativos para llegar a las metas señaladas. Resulta imposible controlar el cumplimiento de estos compromisos, sólo se comprobará cuando se llegue al plazo final. Es la estrategia perfecta para comunicar al mundo que la ciudad tiene un plan para ser carbono neutral y que nadie pueda expresar si se está incumpliendo, salvo cuando ya sea demasiado tarde. En definitiva, es un conjunto de promesas que no respetan el contenido mínimo que exige la Ley 3871 en cuanto a acciones y medidas de Adaptación y de Mitigación.

El Plan es la herramienta esencial del marketing climático que le permitirá a la ciudad ser la anfitriona de la Cumbre de Alcaldes de C40 en octubre de este año, tal como anunció Rodríguez Larreta en la Legislatura en su discurso de apertura de sesiones.

La Ciudad se calienta

El IPCC informa que el aumento en la temperatura de la superficie global es de 1.09°C [0.95 a 1.20] en 2011-2020 por encima de 1850-1900, es decir, en alrededor de 120 años.

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima viene aumentando sostenidamente desde la década del ‘60. Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para su mitigación, el modelo urbano que hace décadas se consolida ha potenciado el fenómeno de calentamiento a partir de la ocupación del entorno ribereño y de la privatización sistemática de las superficies verdes públicas. Sólo en el período 1991-2021 la temperatura máxima promedio anual aumentó en la Ciudad 0,8 grados.

En los últimos 13 años, la Ciudad privatizó 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 eran superficies verdes. Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires (6 m2) se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales recomendados (entre 10 y 15 m2). Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, resultando extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados.

 

El mal gobierno climático

En 2021, el Día Mundial de las Ciudades (31 de octubre) tuvo como lema “Adaptar las ciudades para la resiliencia climática”. Y el Día Mundial del Hábitat (4 de octubre) se celebró bajo el de “Acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono”.

En el primero, Naciones Unidas declaraba: “Las ciudades bien gobernadas son aquellas que reducen los riesgos de los efectos del cambio climático para sus poblaciones”. Agregaba que “las ciudades de todo el mundo están sufriendo cada vez más los efectos y peligros relacionados con el cambio climático, como las inundaciones, las sequías, el aumento del nivel del mar, las olas de calor, los deslizamientos de tierra y las tormentas. (…) Crear sociedades más sostenibles, resilientes ante el cambio climático, implica que debemos abordar una variedad de problemas que incluyen la crisis climática, la pobreza urbana, los asentamientos informales, proporcionar infraestructura resiliente, garantizar el acceso a servicios básicos para todas las personas, gestionar los ecosistemas y sistemas urbanos, y hacer que los medios de vida sean sostenibles y resilientes. También implica desarrollar la resiliencia urbana ante una variedad de posibles impactos y tensiones existentes”.

Más allá del slogan de “Ciudad Verde”, la Ciudad de Buenos Aires tiene una carencia grave a nivel normativo e institucional para afrontar el cambio climático. El Plan Urbano Ambiental, la principal ley de planificación de la ciudad, debió actualizarse hace ocho años y su contenido se basa en la ciudad de los ‘90. Hace 25 años que no se sancionan el Código Ambiental ni el Código Alimentario. La Agencia de Protección Ambiental (máxima autoridad de la ciudad en esa materia), con relación al cambio climático, no tiene más capacidad o autoridad que para hacer encajar o armonizar las azarosas obras de infraestructura y políticas urbanas del Poder Ejecutivo con algo que pueda presentarse como un Plan Climático. Las leyes aprobadas, que abordan de forma fragmentada la problemática ambiental (por ejemplo, la ley de techos verdes), no pueden aplicarse porque no las reglamentan.

Las políticas urbanísticas del gobierno porteño están orientadas a estimular la renovación urbana con la construcción de edificios nuevos a través del incremento exorbitante de la capacidad constructiva de las parcelas (Nuevo Código Urbanístico, Convenios Urbanísticos para construir torres, Permisos ilegales). La construcción es una de las fuentes de contaminación más importantes a nivel mundial, ya que consume el 36% de la energía global y produce el 39% de las emisiones de CO2. Por este motivo, la política debería estar orientada a la rehabilitación integral de viviendas existentes, que es siempre más sostenible que cualquier modo de edificar nuevo, más aún cuando en la ciudad existen alrededor de 150.000 inmuebles ociosos.

Esta política demuestra ser aún más insustentable climáticamente cuando sólo se construyen viviendas premium en altas torres inaccesibles para el 97% de la población, destinadas principalmente a transformarse en activos financieros y permitir la dolarización de pesos, que en un elevado porcentaje suele ser dinero que se blanquea. Para rematar el delirio, el Gobierno de la Ciudad impulsa la construcción de estas torres en plena costanera norte y sur porteña, consolidando la privatización de tierra pública (Emprendimientos en Costa Salguero y el de Costa Urbana), mientras permite la cementación de los pulmones de manzana para construir estacionamientos subterráneos de autos.

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