Presentamos informe sobre los datos semestrales recientemente publicados sobre pobreza e indigencia al 1 er. Semestre 2022.
Los datos publicados indican que la tasa de pobreza prácticamente se sostiene del segundo semestre del 2021 al primero del 2022 -al pasar del 37,3% al 36,5%-, dan cuenta de la interrupción del proceso de mejora en las condiciones de vida a partir del 2do trimestre 2022 que venía manifestándose de la mano de la recuperación económica, a la salida de la pandemia. De esta manera, la tasa de pobreza que había encontrado un máximo del 47% a mediados del 2020, en la serie trimestral fue descendiendo sistemáticamente hasta llegar al cuarto trimestre del 2021 al 36,5. Luego del descenso de estos 11 puntos durante 6 trimestres, el segundo trimestre del corriente año vuelve a reflejar un aumento que coloca a la tasa de pobreza en el 38,9%, nivel similar -incluso levemente superior- al cuadro social que dejó Macri.
Lo que no puede disimular la evolución semestral es el aumento del hambre que se inscribe en un fenómeno más general de agravamiento de las condiciones de empobrecimiento de la población pobre. Es decir, los resultados recientes indican que la población pobre es más pobre que antes. Durante el primer semestre 2022 la tasa aumentó 0,6 puntos (1S 2022 vs 2S 2021) pero observando la información que proporcionan los trimestres (2T 2022 vs 4T 2021), ese aumento fue superior, de 1,3 puntos. Se verifica también que la brecha de ingresos de los hogares pobres para superar su condición, se expandió.
En definitiva, la evolución del semestre visto desde la perspectiva trimestral, indica que la tasa de pobreza aumentó siendo que se verifican casi 1,2 millones de personas más que viven en hogares pobres. Pero el dato más preocupante se centra en la indigencia que prácticamente triplica el ritmo de deterioro anterior. La mitad de esos 1,2 millones nuevos pobres, pasaron directamente a la indigencia.
La aceleración de la inflación iniciada en febrero/marzo a partir de la situación internacional, que se sumaron a las condiciones de inestabilidad interna, generó un abrupto deterioro del salario real y del resto de los conceptos de ingresos populares. A diciembre del 2021 el índice salarial acumulaba un deterioro del -0,8% respecto al 2019, es decir, a duras penas y sólo por momentos, los salarios lograban empatar a la inflación. Sin embargo, esta carrera desigual se profundizó con mayor claridad en el semestre analizado para el cual se registra una nueva caída -más importante y en menor tiempo- del -1,4%. La política social, si bien reaccionó con algunas medidas como aumentar los montos de la Tarjeta Alimentar, establecer un complemento de ingresos para los/as trabajadores/as de la economía informal, entre otros, generaron un efecto muy moderado. Durante este semestre, cayeron en términos reales las prestaciones que se actualizan por una fórmula de movilidad cuyo diseño no contiene ninguna cláusula que logre blindar los ingresos en contextos de aceleración inflacionaria. Por esta razón, las compensaciones discrecionales, en forma de bono en el caso de los haberes previsionales, o a través de la Tarjeta Alimentar en el caso de la AUH, fueron activadas para amortiguar el impacto.
Para poner datos concretos: entre diciembre 2021 y junio 2022, una familia que cobrara AUH y T.A. por sus dos hijos/as pudo actualizar su ingreso familiar en un 38,4%, superando apenas la inflación (que acumulaba el 33,9%) pero sin lograr empatar el aumento de una canasta de alimentos del 39,7%. Se entiende entonces que, en este marco de amenaza a las condiciones de vida de la mayor parte de los hogares, se haya experimentado una fuerte expansión de la informalidad laboral. La inflación es el mecanismo extorsivo que obliga a las personas a realizar su fuerza de trabajo a cualquier precio y condición. Esto condujo a modificar por completo el contenido de la recuperación económica haciendo descender los rendimientos sociales de ésta.
Si este es el panorama para la primera parte del año 2022, la preocupación aumenta para lo que viene en un segundo semestre en el cual el acuerdo con el FMI impuso un ajuste fiscal severo para cumplimentar las metas pactadas. De hecho, a la luz de las proyecciones contenidas en el Presupuesto 2023 puede observarse que el ajuste del gasto público primario (que contiene las principales partidas de transferencias de ingresos a las familias) implicará un recorte real del orden del 12/13% al tiempo que para la actividad económica se espera una caída respecto a la primera parte del año.