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Del análisis del proyecto de presupuesto para el año 2023 destacamos lo siguiente:

Toma como punto de partida el bajo nivel de actividad, consumo y gasto público proyectado para esta segunda parte del año 2022 que está siendo inducido, por la actual conducción económica, a través de una estrategia recesiva y un fuerte ajuste fiscal.

La meta de déficit primario para el 2023 de 2 p.p. del PBI implica una reducción de 0,8 p.p. respecto al año pasado y de 1 p.p. desde el 2021 que se efectiviza por la vía de un recorte del gasto en el marco de una caída de la presión tributaria.

El ajuste se centra en el gasto corriente, principalmente en las partidas vinculadas al subsidio a la energía y en funciones del gasto social. Desde el 2021, el gasto público primario perdería 2,3 p.p. del PBI para el SPN y 3,6 p.p. en la APN al llegar al 2023.

La estructura tributaria del 2023 proyecta un agravamiento de la regresividad tributaria con un mayor peso sobre los salarios y consumo, y una menor incidencia del aporte de Ganancias, retenciones (a pesar del aumento proyectado para las exportaciones) e impuesto PAIS.

Si bien se prevé un aumento real de la función Servicios Sociales del 7,3% para el 2023, en realidad le antecede un recorte significativo del -20,3% para este año. Es decir, que lo que se proyecta para el año próximo se ubicará un -14,8% por debajo del año 2021.

Los servicios de la deuda continúan teniendo el peso más relevante en la estructura del gasto del 2023 (2 p.p. del PBI). Harían falta sumar 19 funciones del gasto de menor peso para equipararlos, entre las cuales se destacan Ciencia y Técnica, Vivienda Y Urbanismo, Agua Potable Y Alcantarillado, etc.

Se sostiene un enfoque fuertemente conservador que omite que las verdaderas razones del desfinanciamiento del sector público son el peso de los intereses de deuda y la ausencia de progresividad tributaria. Así, el gasto es sostenido principalmente a partir de endeudamiento público con el establishment financiero local.

Los gastos tributarios (exenciones impositivas y promociones industriales) sugeridos de revisión no cuentan con una evaluación detallada del Ministerio de Economía sobre cómo aumentar la presión tributaria a los actores más grandes, más allá de la intención explicitada en el mensaje.

La importancia de lo anterior es central, ya que esta magnitud permitiría financiar la primera etapa de una renta básica universal. Sería posible garantizar un Ingreso Básico Universal que garantice el valor de la canasta de alimentos a casi 12 millones de personas.

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