Informe elaborado por Claudio Lozano y el equipo que coordina Ana Rameri.
Para Lozano «para el ejercicio fiscal 2024, nos encontramos frente a un presupuesto nacional que cumple apenas con la obligación de enviar un proyecto de ley al Poder Legislativo en los términos de la Ley 24.156, pero que presenta en su construcción múltiples inconsistencias en materia de los agregados macroeconómicos y de las metas económicas y fiscales planteadas que hacen, en cierto sentido, poco relevante su análisis y discusión.
De todos modos, surgen de su lectura ciertas precisiones o definiciones del sendero económico futuro que merecen atención. Tal es el valor del tipo de cambio que se pronostica al mes de diciembre de 2023, que es el valor que ya tiene hoy. Esto sería indicador de que el congelamiento cambiario anunciado no sería hasta el mes de octubre, sino que se prolongaría hasta diciembre.
Además, encontramos al menos dos inconsistencias importantes que merecen destaque. Por un lado, resulta difícil entender el valor del PBI implícito de un presupuesto que proyecta un aumento interanual del IPC de +69% y un crecimiento de la economía de +2,7%, pero que crece nominalmente muy por encima de esos valores. En realidad, el PBI con que se construye este presupuesto solo cerraría con una evolución de los precios mayoristas de no menos de +125%. Resulta al menos raro que ese número pueda coexistir con un IPC de 69%. Por otro lado, otra inconsistencia importante vincula al crecimiento proyectado en el PBI con el comportamiento esperado de las importaciones: el arrastre estadístico negativo de 2023 será del orden del 2%, eso obligará a que la economía crezca “en bruto” bastante por encima del 2,7% neto previsto para próximo año. Luce difícil pensar ese sendero económico compatible con una suerte de estancamiento de las importaciones anunciado en las proyecciones oficiales.
Lo que sí es posible verificar es que el proyecto elaborado por el Ministro Massa tiene por objeto recuperar el sendero fiscal dispuesto por el Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en 2022 con el FMI. Las premisas fiscales del acuerdo eran la implementación de una serie de ajustes reales sobre determinadas partidas del gasto que permitieran reducir progresivamente el déficit primario del sector público nacional hasta alcanzar el equilibrio primario en 2025 y un superávit en 2026.
La política de ajuste real sobre el gasto se mantuvo con potencia desde julio de 2022. Sin embargo, la caída en la actividad económica y en la recaudación tributaria causadas por la sequía no permitieron que resulte cumplible el objetivo fiscal de 2023 que era reducir el déficit primario desde un -2,4% del pbi en 2022 hasta un 1,9% del pbi este año. El proyecto presentado anuncia un déficit a fin de este año equivalente al 2,4% del producto (aunque todo hace pensar que será superado en algunos decimales del pbi) pero que en 2024 se dispondrán los ajustes necesarios para retomar el mismo sendero del acuerdo y alcanzar un déficit primario de 0,9% del pbi en diciembre de 2024.
Los puntos de diferencia entre el déficit de 2023 y el objetivo de 2024 se descontarán por aumento en la recaudación de 0,5% del pbi y por un nuevo ajuste en el gasto en transferencias -fundamentalmente subsidios a la energía y transporte y transferencias a personas en forma de políticas sociales- por el equivalente al 1% del pbi.
En cuanto a la política de gasto público, la propuesta es fiel reflejo de las recomendaciones del staff del FMI quien revisión tras revisión pide mayores recortes en la política de subsidios y mayor focalización de las políticas de ayuda social, así como un recorte en las remuneraciones a los trabajadores del sector público. Se verifica un crecimiento en el peso de las prestaciones sociales previsionales que tiene su justificación en la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria para calcular los aumentos trimestrales de los beneficios en un contexto de supuesta desaceleración de la inflación: el proyecto pronostica un aumento punta a punta del ipc de 2023 de 136% y una fantástica caída en 2024 hasta el 69% interanual aunque no profundiza en las medidas de política económica que se implementarían para alcanzar tal resultado.
El crecimiento que el gobierno predice para 2024 es de 2,7% y está fundamentalmente basado en la recuperación de las exportaciones con un retroceso de la inversión. Respecto de 2022, el producto se mantendría en 2024 en términos reales así como las importaciones. El consumo público y privado crecerían en menor escala, mientras las exportaciones estarían trepando +7%. En cuanto a la política cambiaria, la propuesta es continuar con devaluaciones que permitan al tipo de cambio acompañar el movimiento de los precios de la economía alcanzando en diciembre de 2024 un precio de $607 (66% por encima del valor previsto para diciembre de este año: $366).
Finalmente, el sector público espera continuar con la misma política de financiamiento de 2023 a través de la colocación de títulos públicos y letras del Tesoro.
Asombra de este proyecto que en sus fundamentos y construcción trasmite la idea de que el Gobierno propone mantener el esquema de política económica vigente. Es decir, el mismo rumbo que en base a la pauta cambiaria, la pauta en materia de tasa de interés y la permanente recomendación de aumentos tarifarios ha propagado el caos inflacionario presente y que, de sostenerse en el tiempo, depararía como único antídoto a la inflación la caída en un proceso recesivo vinculado al deterioro de los ingresos producido por la persistencia inflacionaria. Cuestión incompatible, vale reforzar, con un escenario de +2,7% de crecimiento económico presupuestado.