Adjuntamos Informe elaborado por el diputado Claudio Lozano junto al equipo de investigación en el que se analiza la presente etapa política, económica y social.
Para Lozano, la clave fundamental que permite comprender la actual coyuntura política consiste en que “los sectores dominantes pretenden que el final del ciclo gubernamental del kirchnerismo, implique también el final del ciclo político abierto en el 2001 en el marco de las movilizaciones populares y el cuestionamiento al sistema de representación política. La uniformidad del pensamiento político de Scioli, Massa, Macri y la mayor parte de los candidatos del FAUNEN, abre un horizonte de gobernabilidad futura que actúa como dique de contención de las diferenciaciones propias de la coyuntura electoral. Más aún, por encima de los cuestionamientos a la administración oficial de la coyuntura económica, existe una validación implícita de la estrategia gubernamental de recesión, búsqueda de inversiones extranjeras asociadas al extractivismo minero e hidrocarburífero y el retorno al endeudamiento de la Argentina».
TRANSICIÓN EN TIEMPO DE DESCUENTO
La coyuntura política, económica y social que atraviesa nuestra sociedad puede presentarse bajo la figura de TRANSICIÓN EN TIEMPO DE DESCUENTO de la actual gestión de gobierno. Es esta transición, que indica la finalización de un modo particular de gestionar el aparato estatal (el denominado “modelo kirchnerista”), lo que permite aprehender los comportamientos / movimientos, aparentemente contradictorios, de los diversos actores políticos, económicos y sociales; y al mismo tiempo permite correr el velo de aquello que estando por detrás de estos comportamientos, los sostienen y los fundan, al mismo tiempo que los ocultan. Explicitaremos con un ejemplo paradigmático que nos presenta la coyuntura:
LA LEY DE HIDROCARBUROS COMO EJEMPLO PARADIGMÁTICO
En estos días el Parlamento Nacional discute el Proyecto de Ley del Gobierno Nacional denominado “Ley de Hidrocarburos”, que a grandes rasgos propicia un nuevo ordenamiento jurídico sobre la explotación de hidrocarburos. En efecto, en lugar de replantear cuestionando el esquema neoliberal de normas jurídicas de los noventa (libre disponibilidad del crudo, libre disponibilidad de las divisas, y libre importación de equipos) perfecciona la privatización, extranjerización y el saqueo del sector, incorporando a los hidrocarburos no-convencionales bajo la técnica del fracking. Se trata de un proyecto de ley que pretende extender a toda la actividad los beneficios que se habían establecido en el Acuerdo con Chevron, profundizando el carácter extractivista que presenta la acumulación del capital en nuestro país sobre la base de la asociación con el capital extranjero (montándose en al ya iniciado camino con la firma Chevron para la explotación de Vaca Muerta), prohibiendo el avance del Estado en la actividad.
Se trata de un proyecto clave para las firmas petroleras que, como es vox populi, son parte central del staff del Poder Económico Local. Frente a semejante proyecto resulta aparentemente contradictorio que fuerzas políticas comprometidas con los intereses de los sectores dominantes, como es el caso del PRO y del Frente Renovador, aparezcan criticando el proyecto y anunciado su eventual rechazo en el Parlamento mostrando un desacuerdo en una materia en la que naturalmente deberían acordar. Lo hacen sobre la base de “defender el interés de las provincias petroleras”, que en la práctica se traduce en una mayor dispersión del poder regulatorio estatal de la actividad (y que ocupan un lugar subordinado en el proyecto oficial) y en una mayor capacidad de incidencia de las firmas privadas sobre la explotación del recurso limitando la posibilidad de que YPF asuma un mayor control sobre el sector. No obstante, resulta sugerente que frente a la propuesta realizada por el Bloque Unidad Popular de comprometerse las diferentes fuerzas políticas en la derogación de la ley al momento del cambio en la composición parlamentaria en el 2015, el PRO explícitamente señaló con toda claridad que “no están de acuerdo con derogar la ley” mientras el Frente Renovador no se pronunció sobre la propuesta, haciendo un silencio de radio por demás significativo.
LA APARIENCIA DE LA COYUNTURA: AUSENCIA DE ACUERDO POLITICO Y DE RUMBO ECONOMICO
Así aparece la idea de una ausencia de acuerdo por parte del sistema político para transitar el tiempo de la transición. Este ejemplo se anuda con otros varios, a saber: las expresiones de los referentes del Frente Renovador, recientemente bautizado “Frente Derogador”, por los dichos en relación a dar marcha atrás con ciertas iniciativas oficiales; la discusión impuesta por el oficialismo respecto a la “pérdida de derechos conquistados” ante la posibilidad de un recambio en la gestión estatal (como la reciente discusión sobre los medicamentos del VIH), etc.
Desde el lado del oficialismo, más allá de buscar afianzar su voto; no deja de entrañar cierta paradoja semejante planteo para una fuerza que sostiene discursivamente que “ha cambiado el curso de la historia” pero al mismo tiempo insinúa que las conquistas logradas están en peligro de perderse. Visto por el anverso, el oficialismo reconoce así la “extrema fragilidad” no sólo de las conquistas sino del supuesto “cambio en la historia” que produjo. Por otra parte no se separa de la constante apelación de “esto o lo peor” intentando reinstalar el miedo como disciplinador social (punto sobre el que volveremos más adelante).
En tanto estos son los términos que gobiernan la discusión política emerge con claridad la idea de una aparente ausencia de acuerdo por parte del sistema político para encarar la transición con cierta estabilidad.
A esta ausencia se agrega otro elemento, que es la idea de que luego del “Fallo Griesa” el Gobierno Nacional perdió el rumbo en materia de estrategia económica. En efecto, es ya casi un lugar común argumentar que el fallo Griesa tiró por la borda la posibilidad del Gobierno Nacional de acceder al crédito externo y sumió a la estrategia económica en una suerte de impasse del que no se puede recuperar. De este modo, proliferan los análisis que fundan las dificultades del momento en la supuesta “falta de pericia” de los funcionarios a cargo de la gestión (ejemplificada en la figura del Ministro de Economía y de la sustitución de autoridades en el Banco Central) para enfrentar la coyuntura, lo que nos devuelve la imagen de un gobierno que ha perdido el norte en su estrategia económica.
EL HORIZONTE DE GOBERNABILIDAD FUTURA COMO LO REAL DE LA COYUNTURA
Así, la ausencia de estabilidad política y la falta de rumbo económico aparecen como los significantes que con mayor insistencia se enarbolan a la hora de interpretar la actual coyuntura. Sin embargo, ambos términos responden al plano de lo “aparente” en el que la coyuntura se expresa. Camuflan y no dan cuenta del plano “real” que las funda y las explica como modo de su necesario ocultamiento. Este aspecto “real” no es otro sino el formidable horizonte de gobernabilidad que para los sectores dominantes presenta la coyuntura de transición en tiempo de descuento.
En efecto, es la certeza de que el final del ciclo gubernamental kirchnerista (“sea el que sea el que venga, incluso el oficialista Scioli) puede permitir terminar con el ciclo político abierto por las movilizaciones populares del 2001 y 2002, lo que posibilita una coyuntura sin aparente acuerdo entre opciones que, en la práctica, son variantes del establishment dominante. Es este dato de la realidad, el hecho que en el 2015 empezará un nuevo ciclo político en nuestro país, el que explica la aparente contradicción de un sistema político que transita la coyuntura sin acuerdo y mostrando signos de inestabilidad. En efecto, este es el proceso necesario para abrirle la puerta al juego electoral de las “diferenciaciones” de fuerzas políticas comprometidas con la gobernabilidad futura. Es lo que permite suponer que existen diferencias entre la propuesta del PRO, del Frente Renovador y del Frente para la Victoria (y en menor medida el FAUNEN; el cual por otra parte, tiende a desagregarse como opción nacional privilegiando la recuperación de opciones a nivel local en base a acuerdos con el PRO y el Frente Renovador, con los cuales supuestamente “competiría” a nivel nacional), cuando en la práctica, se trata de una tríada comprometida con el extractivismo salvaje (a pesar de que voten en contra de la Ley de Hidrocarburos), que no cuestiona la legitimidad y legalidad de los compromisos de deuda (por más que votaron en contra de la Ley de Pago Soberano), por sólo citar algunos de las cuestiones estructurales sobre los que se afirma la gobernabilidad futura.
El chantaje que el elenco gubernamental realiza en torno a la cuestión de las conquistas, se inscribe en el marco de una estrategia de producción de sentido y de gobernabilidad que consistió en desplazar el 2001 como nombre de una instancia de irrupción colectiva (con sus ambivalencias a cuestas) y, por otra parte, pretende mostrar que una parte del establishment está deseosa de suprimir las políticas sociales que se adjudica el kirchnerismo. Se deja de lado, que entre la tríada de la gobernabilidad futura nadie pretende revertir los bastiones del neodesarrollismo primarizado, el pago sistemático de la deuda sin auditoría, la gestualidad en torno a la “seguridad” y la protesta social ya ensayada por el actual Secretario de Seguridad, el sistema impositivo regresivo y el andamiaje que habilita la concentración y extranjerización del trabajo y la riqueza natural argentina. Desde esta perspectiva resulta claro que para los sectores dominantes, el cambio de gobierno no resultaría tan dramático como se pretende presentar.
Del mismo modo, la imagen del “Gobierno sin rumbo” oculta en la práctica que el rumbo económico que el gobierno estableció a principios de años sigue tan incólume como frágil. En efecto, frente a una coyuntura signada por la “escasez de divisas” el gobierno nacional optó por el rumbo de administrar esta coyuntura sobre la base de 3 aspectos nodales: a) Devaluación y Ajuste Recesivo con el objetivo de maximizar el saldo comercial (vía mayores rentabilidades a los exportadores y encareciendo la demanda de importados); b) Extractivismo como modo de atraer dólares de inversores externos; c) Endeudamiento, para lo cual se realizaron los Acuerdos con Repsol, el CIADI, el Club de París. De estos 3 instrumentos para administrar la coyuntura que el Gobierno adoptó como rumbo, sólo el punto c) (Endeudamiento) es el que se alteró por la decisión del “Fallo Griessa”. Se alteró en tanto el Gobierno “tropezó” con la demanda de los acreedores que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 como un obstáculo para acceder al mercado financiero internacional. En ningún momento el Gobierno Nacional rectificó su estrategia en materia de “vuelta al endeudamiento” sino que simplemente postergó su resolución, probablemente después de Enero del 2015 (como pareciera que el nuevo Director del Banco Central señaló en una reunión con representantes de los acreedores).
La lógica del rumbo dispuesto por el Gobierno nunca se modificó. Los otros dos puntos, siguen tan presentes como antes, e incluso con mayores presiones para suplir la ausencia del tercero. En efecto, el ajuste recesivo iniciado a principios de años no sólo se mantiene sino que tiende a profundizarse como lo expresa el incremento en la tasa inflacionaria; y por otro parte al Extractivismo como modo de conseguir dólares del exterior provenientes de “inversiones”, se suman una serie de iniciativas oficiales tendientes al mismo objetivo de obtener dólares “a cualquier precio” (extensión del blanqueo para la entrada de capitales sin importar su origen, swap de deuda con China, negociaciones con las empresas de telefonía para la licitación de las licencias 4G, y obviamente la Ley de Hidrocarburos). Así, tras la imagen de un “gobierno que perdió su rumbo” emerge otra que dice que frente a las dificultades del frente externo (Fallo Griessa) el Gobierno “hace lo que puede” para conseguir los dólares que precisa.
Es más, esta imagen de un gobierno “que hace lo que puede” incluso se invierte en otra que dice que “el gobierno profundiza su pelea con los sectores de poder”, ejemplificando en la confrontación supuesta con los sectores empresarios por la Ley de Abastecimiento, el recrudecimiento de la pelea con el Grupo Clarín, la épica entre “Patria o Buitres”, el desplazamiento del ex director del Banco Central acusado de responder a los intereses del capital financiero, etc. En rigor, desde otra perspectiva la idea de “gobierno sin rumbo” es la contrapartida de aquella que ve en la “reofensiva del Gobierno” no más que una profundización del relato oficial. O dicho de otro modo, lo que para algunos es “un gobierno sin rumbo”, para otros es un gobierno que “profundiza su confrontación con los poderes económicos”, y en rigor no son más que las apariencias de un gobierno que no hace sino profundizar el rumbo económico que promueven los sectores dominantes. Rumbo inalterado, aunque conviene resaltarlo, a todas luces fragilizado, tanto en uno de sus pilares (el endeudamiento) como en sus efectos. Aspecto éste al que nos dedicamos en el siguiente punto.
EL PUNTO CIEGO: EL DETERIORO SOCIAL Y PRODUCTIVO
Un punto ciego, en tanto se lo niega, atraviesa esta coyuntura: la perspectiva del deterioro social y productivo del país, expresado en la destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en los primeros 6 meses del año, y de cerca de 500.000 en la comparación con junio del 2013, en el marco de una fuerza laboral compuesta por 17 millones cuyo ingreso promedio que no supera los $4.900. Este deterioro, reflejo del cual basta mencionar la realización de 3 paros nacionales en 2 años y múltiples conflictos territoriales, indica que persiste un conflicto distributivo no resuelto en el seno de la sociedad argentina. Es este conflicto no resuelto el que impregna con un interrogante el futuro, tanto de la transición en tiempo de descuento, como también la perspectiva de la futura gobernabilidad.
En efecto, no está dicho que en el devenir hasta el 2015 el deterioro productivo y el conflicto social aparejado no le abra la puerta a una disrupción de la gobernabilidad. Disrupción, claro está, no deseada por ninguno de los que conforman las opciones de recambio institucional del sistema y menos aún de los sectores dominantes. Por ende, no resulta extraño que aparezcan voces, tanto oficiales, como empresariales, de que “temen a que vuelvan los saqueos en diciembre”, reinstalando el temor a que el conflicto social desborde los canales institucionales. Señalamientos que se suman a las imputaciones de “destituyentes” que tan proclive es el Gobierno Nacional a otorgar a todo aquel que manifieste en acciones concretas su rechazo a la política oficial. En este marco, de temor a una “reedición del 2001”, emergen dos poderosos disciplinadores sociales: la pérdida del empleo por un lado, y la represión por el otro (último ejemplo fue la represión con “balas de goma” de la gendarmería a los trabajadores despedidos de Lear).
En este contexto, es notable que el Presidente de la Unión Industrial Argentina haya señalado que frente al pedido de un bono de compensación salarial antes de fin de año, que el Gobierno ya rechazó de plano, las firmas que componen este consorcio empresario no tendrían problemas en otorgarlo. Nadie de los sectores dominantes desean algo parecido al 2001, en tanto fue el proceso político que permitió el cuestionamiento profundo del sistema de representación política y en ese marco, la emergencia del híbrido Kirchnerismo y todo lo que de confrontación tuvo para con el sistema. Se trata de un precio ya pagado por la gobernabilidad que el proceso Kirchnerista les brindó, cooptando parte de la energía social de disrupción, al precio de algunas confrontaciones que ya no desean afrontar. Resulta por demás evidente que ninguno de los factores de poder quieren que se le abra la puerta a que el conflicto social desborde los canales institucionales que pongan en peligro la gobernabilidad futura.
Sin embargo, contener la transición en modo alguno supone resolver el conflicto social en desarrollo. Menos aún para cualquiera de las fuerzas políticas del sistema comprometidas con la gobernabilidad futura. En efecto, es conveniente percatarse que más allá del “juego de diferenciaciones” entre las fuerzas del sistema – PRO, Frente Renovador, Frente para la Victoria y FAUNEN-, ninguna de ellas puede procesar adecuadamente el conflicto social, sino que por el contrario este tenderá a agravarse toda vez que la perspectiva de la gobernabilidad futura pase por perfeccionar el AJUSTE que dejará abierto el Gobierno Nacional.
Para ejemplificar esta cuestión basta remitirse a la discusión de los eventuales candidatos respecto al tema inflacionario, verdadero síntoma del conflicto social. Unos y otros presentan el problema como un tema que se resuelve prácticamente sin costo. Se trata para algunos de parar con la emisión monetaria, o para otros de no gastar más de lo que se recauda. Tanto en un caso como en el otro no se mencionan las consecuencias sociales de las mismas.
¿Qué quiere decir que se emitirá menos? ¿Que bajará el gasto público o que se financiará con deuda? En este último caso, ¿se supone que habrá acuerdo con los buitres? ¿será a costa de incrementar en no menos de U$S20.000 millones la deuda pública? Si tal cosa sucediera, ¿significa acaso que ingresarán de inmediato cataratas de dólares de deuda voluntaria y barata? Si bajara el gasto público ¿Qué parte del gasto se reducirá? ¿Serán los subsidios a la energía y al transporte? ¿Y será acaso sobre la base de reducir la rentabilidad a las petroleras o será mediante tarifazos? Y en este caso, descontando que no se dará de baja la Asignación Universal y otros planes, ¿a qué monto van a aumentar para que no se produzca un ajuste sobre el bolsillo popular? ¿Se reabrirán las paritarias para recuperar el poder adquisitivo perdido por el salario?.
Queda claro que si la transición no se desordena, la perspectiva futura del conflicto es la de expresarse con mayor contundencia en tanto las opciones del sistema lejos de poder procesarlo adecuadamente no podrán sino confrontar aún más con los sectores populares. En este punto también es paradigmática la reciente declaración del uno de los referentes del sindicalismo peronista, hoy en disputa con el gobierno nacional, como es el caso del líder de la CGT – Azopardo, respecto a que “va a acompañar al gobierno futuro, cualquiera sea su signo, porque va a tener que hacer ajustes muy duros”. Se trata de una declaración, que acompañada por ciertos movimientos de unificación de la CGT, entra en consonancia con otra, realizada por un referente mediático para quien “la gente haría un sacrificio de sus ingresos si viene un gobierno que no sea chorro”. Unos y otros admiten la necesidad del Ajuste, sin percatarse o no, de que esa es la estrategia de los sectores dominantes para conformar una Argentina que no discuta su papel de proveedor de recursos naturales, con una explotación salvaje y en beneficio de los actores concentrados, extranjeros y locales, acreedores de deuda, buitres y no buitres.
Volviendo al plano “real”, el fin del ciclo Kirchnerista, no es sólo el fin de la gestión de gobierno de la actual administración la que está en tiempo de descuento, sino que este hecho objetivo pretende transformarse por parte de las opciones del establishment, en el fin del ciclo político iniciado en el 2001. Si algo tuvo de transformador la práctica gubernamental de la gestión Kirchnerista, ésta emergió cuando supo encarnar con sus políticas las demandas que recorrieron el 2001. Es este ADN del 2001 el que el establishment político, económico y social pretende eliminar con el fin del ciclo de la gestión Kirchnerista. Es casualmente el ADN del 2001 el que explica la conflicto social vigente. Por ende, a lo que vamos es a una confrontación entre el sistema de recambio institucional que viene, que pretende finalizar la impronta del 2001, y la sociedad que hizo 3 Paros Nacionales en 2 años.
Queda pues, el desafío de construir otra experiencia política configurada desde la multiplicidad de actores sociales y políticos que luchan y sostienen formas alternativas de pensar y organizar lo Común, que se anime a pensar las condiciones de posibilidad para transformar nuestro destino. En esta tarea estamos porque es necesario dejar de ser una plataforma de exportación de nuestras riquezas para beneficio de unos pocos y con desprecio de las condiciones de vida del conjunto de la población. Y estamos en esta tarea porque si no logramos alumbrar en el 2015 una experiencia capaz de dotar de legalidad institucional al conflicto y la lucha social, estaremos ante el riesgo cierto de que esta conflictividad con la que convivimos termine expresándose en un recambio institucional carente de vías políticas democráticas (no represivas) para su abordaje. Pero eso excede un material que pretende analizar la coyuntura.