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El informe contiene el último presupuesto ejecutado de la gestión de Cambiemos que permite no sólo realizar un balance del cierre del gobierno anterior, sino también alumbrar los rasgos heredados de un funcionamiento liberal del estado que el actual gobierno deberá transformar para dotarlo de mayor capacidad regulatoria y garante de los derechos sociales.

El año 2019 registra un déficit fiscal más abultado que el previsto inicialmente como resultado de un contexto recesivo que puso techo a la capacidad recaudatoria del Estado. En este sentido lo primero que surge es el fracaso de la promesa oficial que aseguraba que reduciendo la carga impositiva a los empresarios y sectores acomodados llegaban las inversiones y el crecimiento. Más aún, el déficit no fue aún mayor porque durante el año ingresaron recursos extraordinarios provenientes de activos del sector público así como también la devaluación y restitución parcial de retenciones ofreció ciertas ventajas recaudatorias provenientes del comercio exterior. En otros términos, las ventas y concesiones de empresas públicas, el desarme del FGS y otros activos del Estado más la devaluación empobrecedora no fueron siquiera suficientes para cumplir la utópica meta del equilibrio fiscal.

No obstante el incumplimiento de las asfixiantes exigencias del FMI, respecto al 2018, el año pasado implicó una profundización del ajuste fiscal que recayó principalmente en el gasto primario. La desigualdad latente en la grilla presupuestaria del 2019 quedó materializada en una reasignación de los recursos públicos acorde a un mapa de privilegiados y desfavorecidos: los acreedores privados recibieron un 86% más que el año anterior mientras las partidas del gasto primario que deben enfrentar los crecimientos de precios cayeron en términos reales un -10,8%. Los salarios de los estatales cayeron un -13%, la atención en materia de seguridad social cayó un -12,6% (en particular, jubilaciones y pensiones un -6,1%), en educación y cultura un -25,5%, en salud un -11%, en asistencia social un -5,2%, en ciencia y técnica un -16,2%, entre otras pérdidas.

Elaborado por el Equipo de Trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas fundado por Claudio Lozano y que coordina Ana Rameri.

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