Informe «Reflexiones sobre las primeras medidas frente a la emergencia sanitaria y los problemas que plantea la informalidad laboral. Una propuesta distributiva», elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas fundado por Claudio Lozano y que coordina Ana Rameri.
Para Lozano, “el Gobierno Nacional es consciente de que las medidas hasta el momento implementadas no alcanzan para sostener la situación, en el contexto de restricciones al funcionamiento económico que impone el Coronavirus.
El punto nodal de esta cuestión es la cantidad de población laboral que transita en la informalidad y el desempleo. El 51%, más de ocho millones de personas se encuentran en esta situación. Si a este total se le agregan los monotributistas sociales y el servicio doméstico, la población a cubrir por vía de AUH o planes asciende a casi nueve millones, en tanto los titulares de Planes y AUH ascienden hoy a menos de tres millones. Solo se está cubriendo el 32% de la población en situación de informalidad.
Aquí proponemos la imprescindible necesidad de avanzar en la construcción de un piso de ingresos de alcance universal para el conjunto de los hogares. Ese piso de ingresos debe alcanzarse extendiendo de manera universal el salario social complementario y promoviendo la efectiva *universalización de la AUH*. Este piso debe garantizar a todo hogar el ingreso equivalente a la canasta alimentaria en la fase de la pandemia y elevarse hasta el umbral de ingresos de pobreza al salir de la misma.
Este piso de ingresos sumado a la *sustitución de importaciones* y la *recuperación (frente al derrumbe accionario) de las empresas energéticas* es el camino para transitar el tiempo de la pandemia y conducir la recuperación posterior».
