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Análisis del alcance de los programas que buscan atender el hambre y la pobreza en nuestro territorio, elaborado por Claudio Lozano y Samantha Horwitz del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que coordina Ana Rameri.

Al mes de septiembre el Estado Nacional destinó $530 mil millones de pesos en programas dedicados a la asistencia de ingresos y de alimentos a la población vulnerable. Los refuerzos otorgados en el marco de la emergencia sanitaria han sido centrales para contener la situación social pero no han evitado el fuerte deterioro. Frente a lo que pareciera ser una nueva etapa en relación con la pandemia, compartimos algunos elementos de análisis:  La cuantía de la inversión social es insuficiente. Las políticas alimentarias cubren el 30% del déficit alimentario y si sumamos las políticas de transferencia de ingresos sólo se atiende al 20% de las necesidades de ingresos de la población pobre.

La fragmentación y descentralización de los programas sociales disminuyen la efectividad de la respuesta pública. El esquema de política actual da cuenta de una cantidad importante de programas que tienen el mismo objetivo, pero van recortando y superponiendo cobertura para atender especificidades que en la práctica reconocen un mismo problema.

La focalización como criterio de selección es siempre fallida: El intento de seleccionar a la población vulnerable bajo pretexto de eficientizar el gasto público siempre termina excluyendo a una porción significativa de personas que precisan de asistencia.

El único camino posible para conformar un piso de ingresos para la población son los programas de transferencia de ingresos de carácter universal: Una renta básica universal acorde a las necesidades alimentarias junto con un programa de empleo y formación garantizado en línea con el salario mínimo. Este es momento de discutir el diseño de seguridad social que nos permita construir un umbral de dignidad para el conjunto de los hogares de la Argentina.

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