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Por Ing. María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo

El debate por el destino de la Costanera en la Ciudad de Buenos Aires confronta dos modelos de ciudad antagónicos y también una visión de cuáles crisis estamos viviendo y cómo solucionarlas.

Por un lado, gran parte de la ciudadanía defiende lo público como un bien común y otorga máxima prioridad a los espacios verdes para proteger la salud de la población, atender la crisis climática y perseguir la igualdad urbana.

Por otro lado, el sector político que nos gobierna, juntamente con los principales desarrolladores y terratenientes urbanos, continúan con la planificación para que el entorno ribereño se uniformice bajo los criterios de urbanización que dieron origen a Puerto Madero: exclusión, apropiación y concentración de las tierras públicas en manos de los sectores económicos de mayores recursos, fragmentación social y espacial, e incremento del valor del suelo a través de la creación de nuevas desigualdades. La síntesis perfecta del ejercicio patriarcal del poder inmobiliario y de la aplicación de las doctrinas neoliberales.

A esta última caracterización debemos agregar el ejercicio autoritario del poder que desprecia la participación ciudadana. Mientras se desarrolla en la legislatura porteña la audiencia pública donde se debate la venta de un sector de la costanera norte (específicamente el predio de Costa Salguero) y la autorización para construir en ese lugar una muralla de torres, el Jefe de Gobierno avanza como si este debate no estuviera sucediendo, o como si supiera el resultado de antemano o, peor aún, sin importarle lo que la ciudadanía exprese en sus intervenciones.

Si consideramos que esta audiencia pública es la más larga de la historia de la ciudad (2 meses), la más numerosa (7053 personas inscriptas) y que más del 97% de les ciudadanes que expusieron se manifestaron en contra del proyecto de venta y cementación del borde costero, la indiferencia del Jefe de Gobierno es alarmante en un sistema de gobierno que según la Constitución debe ser una Democracia Participativa.

¿A qué nos referimos?

  1. En plena pandemia, el GCBA concesionó por 10 años otros sectores de la Costanera. En agosto de 2020, otorgó el espacio N° 8 y 9 del Sector N° 1 del Distrito Joven (la parte del polo gastronómico de la Costanera) a la empresa Blue Night S.R.L. y a la firma Distrito Costanera S.R.L. respectivamente. El 4 de noviembre, concesionó otro espacio a la firma Happening S.A. El 9 de diciembre, adjudicó el Espacio N° 2, 3 y 6 a las empresas Madero Eventos S.A., Drinkalot S.A. y Emprendimientos Río S.A. respectivamente. El 28 de diciembre, concesionó el espacio N° 7 a la empresa Concasse del Pilar S.A. En total, más de 7800 m2 de costanera privatizados.
  2. También en pandemia, el 6 de noviembre, llamó a ofertar la contratación de un Servicio de Consultoría para la elaboración del estudio de impacto ambiental de la Obra “Distrito Joven“– Costanera Norte. El 30 de diciembre la adjudicó a la empresa Grupo Ecogestionar S.R.L por $1.250.000. En los términos de referencia se menciona como base para el estudio el “Concurso Nacional de ideas Distrito Joven-Costanera Norte” y el Concurso Nacional de Ideas para el desarrollo urbanístico del Conjunto “Costa Salguero – Punta Carrasco” en el marco de la Ley N° 6.289 que autorizó la venta del predio Costa Salguero. Esta ley fue suspendida por la justicia en octubre del año pasado por no haber respetado el procedimiento establecido por la Constitución de la Ciudad.
  3. Al inicio de la pandemia, en mayo se llamó a Licitación pública para la Consultoría de elaboración del proyecto licitatorio para el Tramo II y del anteproyecto del Tramo I del Colector Cloacal Baja Costanera. Esta obra de infraestructura resulta imprescindible para recolectar y evacuar los efluentes cloacales de los siguientes 13 mega emprendimientos inmobiliarios proyectados en el entorno ribereño: Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Solares de Santa María. Esta es la verdadera prioridad del GCBA.

El Tramo I del Colector se desarrollaría desde Vicente López (calle Borges) hasta la Av. Sarmiento y Autopista Illia, y a partir de allí y hasta la Dock Sud, el Tramo II. El costo de la obra rondaría los 160 millones de dólares y el peso del financiamiento será transferido al conjunto de la ciudadanía porteña.

  1. La licitación pública para la elaboración del informe de impacto ambiental y social del Colector fue adjudicada, el 17 de diciembre, a la empresa Serman y Asociados S.A. por un monto de $ 24 millones de pesos.
  2. En el Plan Plurianual de Inversiones figura que se destinará para Infraestructura en Costa Salguero un total de $4.800 millones a ser ejecutado entre 2021 (1715 millones) y 2022 (3085 millones) y más de $812 millones para el proyecto ejecutivo del Colector, para su estudio de impacto ambiental y su inspección técnica durante la construcción.

Estas acciones de gobierno son absolutamente coherentes con la defensa pública del proyecto inmobiliario en Costa Salguero que realizan Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau en pleno desarrollo de la audiencia pública. Los intereses electorales entreverados con los negocios soslayan el respeto a la Constitución de la Ciudad y a la participación ciudadana.

En cambio, un amplio sector de asambleas y organizaciones sociales y ambientales están logrando un punto de inflexión en a la democracia porteña. Esta audiencia pública histórica fue acompañada con bicicleteadas y concentraciones ciudadanas masivas en el predio, además de las casi 50 mil firmas en rechazo al proyecto. Esta amplia participación excede el debate de la Costanera, y los cuestionamientos se extienden hacia la administración de las tierras públicas realizadas en estos últimos 13 años (más de 500 hectáreas privatizadas) y la actual planificación impulsada por el gobierno que desconoce la crisis alimentaria, ambiental, habitacional y económica de la ciudad.

La Justicia, por su parte, en el mes de octubre decidió suspender la venta de los predios de Costa Salguero porque no se respetaron los procedimientos constitucionales que la Constitución establece. La seguridad jurídica es inexistente porque no podemos confiar en que lo que nos dicen que es una ley sea formalmente una ley. La ANAC adelantó que no autorizaría el actual volumen constructivo del proyecto por poner en grave riesgo la actividad de aeroparque.

Costa Salguero interpela los límites de la tolerancia ciudadanía cuando la clase política que nos gobierna viola la Constitución, remata lo público, desvirtúa la democracia participativa y utiliza los recursos de la comunidad porteña para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo de desarrolladoras inmobiliarias.

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