Declaración sobre el Bono para los trabajadores Informales, elaborada por Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y por Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
Se anunció recientemente un bono de $94.000 para trabajadores/as informales a cobrar en dos cuotas de $47.000 durante los meses de octubre y noviembre. Una medida que se hizo esperar en un momento crítico. Si bien se festeja la decisión y, sin lugar a duda, mejor tarde que nunca surgen algunas primeras observaciones a la luz del conjunto de los anuncios:
• Lo primero que hay que aclarar que este bono que se presenta destinado al trabajo informal es, en realidad, conforme a las condiciones que se establecen, un bono para la marginalidad. Es cierto que una parte de la informalidad (entendida aquí sólo como la ausencia de registro laboral) transita situaciones de vulnerabilidad extrema pero no son universos necesariamente idénticos. Las condiciones requeridas para la percepción de este refuerzo son extremadamente rígidas como no contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado ni cobertura de salud o no tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000, lo cual implica focalizar en la población infra-indigente (para poner un término al hecho que una CBA para una familia tipo es de $130.000 pesos, nivel superior al tope elegido, y la cantidad de personas indigentes supera los 4 millones de personas).
• A pesar de que apunta al universo de la informalidad, la expectativa de cubrir a 2,8 millones de personas se presenta insuficiente frente a la magnitud de este fenómeno que como mínimo abarca un universo de 8 millones de personas. La población activa que no cuenta con ingresos formales, es decir, que no está incluida en el derecho laboral pero que tampoco forma parte de los regímenes de tributación para el trabajo independiente está integrada por 1,3 millón de desocupados/as, 6,6 millones de trabajadores/as por cuenta propia o asalariados/as que están en la informalidad y 58 mil empleados/as familiares. Si bien una parte de estos logran acceder al beneficio del Compre sin IVA el tope de devolución por mes de $18.800 los deja en una situación más desventajosa en ingresos. Quienes cuenten con la Tarjeta Alimentar, sólo 2,4 millones de ese conjunto, en todo caso podrán también complementarlo con el refuerzo que va de $10.000 a $30.000 según la cantidad de hijes.
• Este “bono informal o marginal” es muy similar al refuerzo otorgado en los últimos dos meses del año pasado, aquel que terminó de sepultar en la discusión política la idea del salario o ingreso universal a cambio de compensaciones transitorias. En aquella oportunidad se pagó $45.000 en dos veces que actualizado por el índice de precios de alimentos y bebidas da como resultado un monto equivalente al anunciado. En aquella oportunidad se proyectaba llegar a 2 millones pero poco más un millón pudo acceder plenamente. Nuevamente en esta oportunidad, las restricciones varias para el acceso pueden peligrar el alcance buscado. Más aún, cuando desde aquella última vez del pago del disminuido “IFE 5” hasta este parte, la informalidad asalariada creció en un 13% (medio millón de personas más) y el autoempleo de subsistencia también se expandió un 6% sumando 240 mil personas más.
• Asimismo sorprende que la medida destinada al segmento más postergado llegue dos meses después que los refuerzos a los segmentos que cuentan con un blindaje mayor en materia de ingresos. Uno o dos meses en un contexto de tasas mensuales de dos dígitos implicó la profundización del sufrimiento social, mayor endeudamiento doméstico y otras postergaciones cotidianas. Si no se anunció al día siguiente de concretar la devaluación, esta medida por lo menos debería considerar un retroactivo.
• Hasta el momento, el financiamiento público ha resultado un tanto dispar. El dilema de la frazada corta inducido por el Acuerdo con el FMI pone en competencia a sectores del trabajo y la producción que precisan de que el Estado compense situaciones de crisis que este acuerdo viene generando. La construcción de la idea de que los recursos presupuestarios son escasos y la pretensión de compensar a todo el universo afectado con lo justo y necesario, dio lugar a ciertas inequidades como el hecho de que el costo fiscal para la elevación del piso del Impuestos a las Ganancias para los trabajadores/as de mayores salarios represente casi 7 veces lo que se destina al pago del bono a los empleados/as del sector público nacional que cobran hasta 400 mil, representa también 3 veces lo que se destina a financiar la tarjeta alimentar y seis veces el refuerzo al Potenciar Trabajo. La revisión del impacto de la 4ta Categoría de Ganancias para disminuir el peso de los asalariados/as y aumentar el peso de otros conceptos como renta y dividendos requiere de un tratamiento especial para que el Impuesto a Personas Físicas continúe teniendo relevancia. En este sentido, resulta oportuno un proyecto de ley que habilite la discusión. Sin embargo, el aumento inmediato del piso de Ganancias en el marco de las medidas de alivio, sí lo pone en competencia con recursos destinados a otros segmentos de la población. Para ponerlo en dimensión con la medida recientemente anunciada, los $263 mil millones que insumirían abonar $94.000 al universo de 2,8 millones de personas podría abonar $150.000 si se dispusiera de lo que se destina (o deja de recaudarse) por el aumento del mínimo de Ganancias, o bien cubrir a 4,5 millones de personas con la prestación anunciada, es decir, al conjunto de la población indigente.
• Una vez más, se descarta la posibilidad de poner en práctica un ingreso universal, que en una primera etapa alcance realmente a quienes está por fuera de los canales formales como única condición para la percepción -excluyendo a lo sumo el decil de mayores ingresos-. Primer paso en un contexto de emergencia que traería alivio a un conjunto más extendido pero al mismo tiempo sería el comienzo de un sistema de seguridad económica que garantice un piso de dignidad reconociendo la multiplicidad de trabajos socialmente útil no remunerados o mal pagos así como también los nuevos mecanismos de explotación financiera, tecnológica, etc. En definitiva intervenir seriamente en el reparto del ingreso y la riqueza.
