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En el informe de coyuntura que se adjunta, el equipo de discusión integrado por Claudio Lozano, Tomás Raffo,  Horacio Fernández, Jaime Farji, Ariel Pennisi y Bruno Costas, analizan  el reciente Acuerdo del Gobierno Nacional con los acreedores del Club de París permite realizar una serie de reflexiones sobre la actual coyuntura política y económica.

El “consenso” del endeudamiento

El reciente Acuerdo del Gobierno Nacional con los acreedores del Club de París permite realizar una serie de reflexiones sobre la actual coyuntura política y económica.

En términos políticos puede afirmarse que hace bastante tiempo que el conjunto del sistema político no reproducía una escena tan noventista como la que el Acuerdo supone. En efecto, en una misma foto aparecen brindando por el acuerdo la casi totalidad de las expresiones partidarias  dominantes (desde el Frente para la Victoria, pasando por el Frente Renovador, el PRO y la alianza FAUNEN, junto a las expresiones empresariales más concentradas (desde la UIA, y ADEBA en primera fila, entre otros), los principales economistas del establishment (con independencia de la afinidad de espacios electorales en los que abrevan) y parte sustantiva de los medios de comunicación. Desde este punto de vista, el Acuerdo con el Club de París se erige como una pieza fundamental en el nuevo consenso dominante de la etapa (que entre otros reconoce el pago a Repsol, los acuerdos en el CIADI, y el reciente affaire- Griessa con los fondos buitres), del mismo modo que la Apertura, las Privatizaciones, la Desregulación y la Convertibilidad lo fueron para el consenso de los noventa. Así, cualquiera que intente cuestionar el acuerdo será ubicado por el conjunto del sistema (expresiones partidarias, medios comunicacionales, economistas, e incluso referencias sociales) en el lugar de la utopía, la imposibilidad y la testimonialidad como se ubicaba a aquellos que osaban discutir el neoliberalismo de los noventa.

Este casi unánime consenso aparece como el esfuerzo del conjunto de las instituciones comprometidas con la reproducción de esta Argentina, de no discutir el Acuerdo, sus contenidos e implicancias, ya que una rápida mirada sobre el mismo no resiste una evaluación sobre la razonabilidad que en términos legales, de coyuntura inmediata y de estrategia de mediano  plazo. En efecto, veamos:

– Se trata de un Acuerdo que viene a legitimar una deuda contraída durante la Dictadura Militar, sobre la que se puede imputar el concepto de “deuda odiosa”,  ya que nunca fue revisada en democracia y sobre la que no se cuenta con documentación respaldatoria. Claramente este punto da por tierra con la  “legitimidad y legalidad” del acuerdo.

– Una parte importante de la deuda tomada en los noventa con el Club de París se realizó en el marco del Blindaje del 2001 con aval del FMI para que las empresas extranjeras pudieran remitir utilidades y fugar capitales en aquel año que implicó la la abrupta salida del régimen convertible a finales de aquel año. Por ende, es una deuda a la que le corresponde consignar el concepto de “corresponsabilidad de los acreedores” y que habilitaría una quita sustantiva del capital. También permitiría establecer una contribución extraordinaria sobre los agentes económicos locales responsables de la fuga de capitales.

– El Poder Ejecutivo no tiene facultades para acordar con el Club de París sin la participación del Parlamento Nacional. Por ende, lo que se acordó es ilegal e inconstitucional hasta tanto el Parlamento no se expida sobre el tema.

– Se reconoce un monto de deuda de 9.700 millones de dólares, cifra que implica un aumento del endeudamiento público del 59,3%, con relación al monto que los registros oficiales hacían constar como suma del capital adeudado más intereses vencidos al 30/09/2013 (6.089 millones de dólares). En lugar de haber negociado una quita del capital y conseguir años de gracia, como se realizaron en anteriores negociaciones con el mismo acreedor, se reconoce una suma superior. Es decir, en términos de mejora en la negociación de los montos de deuda, el Acuerdo firmado nuevamente nos señala el fracaso de la política del Gobierno Nacional.

– El efecto objetivo del Acuerdo consiste en aumentar en nada menos que U$S 9.700 millones la deuda pública del Estado Nacional, de los cuales U$S 1.500 millones  vencen desde este momento  al 2015, en un contexto donde las reservas netas son, previas al acuerdo, inferiores a los compromisos de deuda.

La última conclusión es por demás importante. Si el Gobierno Nacional hasta aquí tenía que hacer frente a un cuadro de escasez de divisas, fundado en el hecho de que las reservas netas eran inferiores a los compromisos de deuda[1], el acuerdo firmado puede llegar a profundizar este cuadro de escasez. De este modo, la posibilidad de que el Gobierno Nacional transite la coyuntura sin inconvenientes significativos en materia de pagos de deuda, radicaría en el  acceso a nueva deuda (para lo cual el acuerdo con el Club de París significa “buena letra”). Sin embargo, este camino dista de ser sencillo, toda vez que el ansiado ingreso al “paraíso de la deuda” exige crecientes esfuerzos por parte de un Estado cada vez más debilitado en materia de reservas, (como da cuenta el affaire Griessa – Fondos Buitres, sobre el que en breve realizaremos un nuevo material) y al mismo tiempo, no son las reestructuraciones de las deudas pasadas, sino de las ganancias de los nuevos negocios, sean éstos productivos o meramente especulativos, los que determinan los ingresos de capitales externos.

Lo que no se dice de esta estrategia

En la medida en que no se produzca una mejora extraordinaria de la balanza comercial, cosa que no es previsible, volveríamos a una lógica bien conocida, impuesta en los noventa, de endeudarnos para pagar deuda. Lógica que supone un círculo vicioso que, tarde o temprano, se descarga sobre la sociedad. Así, la foto del acuerdo nos muestra una dirigencia brindando nuevamente en la cubierta del Titanic.

Si la apuesta del Acuerdo radica en tomar deuda para afrontar los elevados compromisos de la coyuntura (que si se incorporan los pagos comprometidos con el Club de París a los del Acuerdo con Repsol, se elevan a U$S 2.300 millones de más a los previstos hasta 2015), esta estrategia supone o bien que el Gobierno, las Provincias e YPF accedan a los mercados de deuda del sistema financiero internacional, o bien que las empresas extranjeras que operan en el país consigan un financiamiento más barato en sus países de origen para financiar los proyectos productivos que tengan en nuestro país. Este ha sido un argumento central para justificar el Acuerdo.

Lo que no se dice es que lo acordado responde en primer lugar al interés de las empresas extranjeras, verdaderos resortes del poder económico en nuestro país; y que, de concretarse sus objetivos, sus voceros sostienen que ello tendría efectos beneficiosos para el conjunto. Es el procedimiento habitual de los sectores dominantes para generar consenso y asentar la dominación mostrando una medida que responde a su interés particular como si se tratara de una medida que beneficia al conjunto.

En este sentido, cabe preguntarse si, como efecto del Acuerdo, las firmas extranjeras ampliarán o no sus proyectos de inversión (como por ejemplo Vaca Muerta, la minería del potasio, o la radicación de plantas automotrices de armaduría), y si en caso de ser así,  ello redundará o no en un relanzamiento del ciclo económico que permita ampliar la producción de riqueza y revertir el patrón de distribución desigual vigente. Desde nuestro punto de vista, esta estrategia de mediano plazo no parece ser una hipótesis muy razonable a la luz de la experiencia reciente.

En nuestra perspectiva, la naturaleza de los sectores a los que se orienta la inversión agregada (agronegocios, minería, energía, automóvil, especulación inmobiliaria) determina la insuficiencia del patrón productivo para superar los cuellos de botella de nuestra economía. No se sale, con esos sectores, de las insuficiencias crónicas de balance de pagos ni se logran niveles razonables de empleo de calidad. Mas allá de que puedan generar algún alivio transitorio para las reservas del BCRA, si el ingreso de capitales no tiene por destino montarse sobre un cambio del perfil productivo y del grado de extranjerización, el alivio buscado tiene patas cortas. En efecto, si las inversiones no están destinadas a generar divisas o permitir el ahorro de las mismas ya sea por sustitución de importaciones o permitiendo exportaciones no tradicionales, caeremos en la lógica de “pan para hoy hambre para mañana”. Mientras los sectores que dominan ese proceso inversor sean capitales trasnacionales o capitales nacionales concentrados o prebendarios, los efectos del endeudamiento seguirán siendo los mismos: depredación y agotamiento de los recursos naturales y fuga de capitales, aunque logren de manera efímera anclar los precios o subsidiar el consumo de las clases medias.

El encubrimiento de la corrupción y de la situación social

Es sobre este consenso general que hay que entender función que cumple la aparición de la “causa Boudou”. Aparición absolutamente paradójica, puesto que si bien sobre los cuestionamientos y defensas al vicepresidente se monta una parte importante de la lógica de “supuesta confrontación” entre las variantes partidarias del sistema político dominante (principalmente entre el PJ K y el espacio No-PJ, FAUNEN y el PRO incluido), es justo reconocer que el artífice del acercamiento y propuesta de acuerdo con el Club de París, allá por el año 2008, es el polémico Vicepresidente. Así, la “causa Boudou” muestra, una vez más, las paradojas del sistema político, en el cual las expresiones partidarias del mismo se envuelven en una discusión sobre el caso de corrupción del citado funcionario mientras aplauden el Acuerdo con el Club de París que dicho funcionario promoviera. Más aún, es tal el grado de inconsistencia de este dispositivo, que incluso en lo que atañe a la propia “causa Boudou” se discute únicamente la corrupción del “caso Ciccone” que involucra un monto de máxima de $50 millones (pesos), mientas que otra causa del mismo funcionario,  que involucra un monto considerablemente mayor, de un porcentaje sobre U$S 12.000 millones (dólares), directamente no aparece en el debate. La misma muestra la funcionalidad de la corrupción del acusado con el entramado más rancio del poder económico y sus expresiones partidarias. Nos referimos a las causas penales que el Vicepresidente tiene por haber realizado tráfico de influencias y manejo de información privilegiada en el Canje de Deuda del 2010, que permitió que un conjunto de “fondos buitres, pero amigos” del Gobierno  hicieran pingues negocios con la deuda en default. Es decir, que no se trata simplemente de una comparación cuantitativa por los montos implicados que señalamos, sino de casos cualitativamente diferentes, ya que aquel relacionado al canje de Deuda del 2010 supone utilizar la negociación de la deuda pública en beneficio de intereses privados.

El consenso dominante sobre lo positivo del Acuerdo con el Club de París se nutre además de un núcleo discursivo que, grosso modo, viene campeando en el conjunto del sistema político y económico. Este núcleo discursivo asume que “la Argentina ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, en los cuales se ha presenciado una suerte de fiesta del consumo, y que ahora llega la etapa de achicar ese consumo para abrirle la puerta a la inversión”. Se concluye así que, dado los elevados niveles de satisfacción que la Argentina viene manteniendo, es necesario y posible realizar un ajuste en pos de la aparición de inversiones que permitan sostener un crecimiento más duradero. No se percatan los  portadores de este discurso que la situación social de la Argentina está literalmente “atada con alambres”. En efecto, no han sido los trabajadores ni los sectores populares los que explican el “boom de consumo”, ya que sus ingresos representan menos de la mitad del total del consumo privado agregado. Es más, la vigencia de una tasa de pobreza que como mínimo está en torno del 30% de la población; la caída sistemática en los últimos 9 meses de los niveles de empleo que acumulan una destrucción de 370.000 empleos; el achicamiento en el nivel de actividad, y la caída más aguda del poder adquisitivo dado el recrudecimiento de la inflación y el aumento de tarifas dispuesto por el Gobierno Nacional, indica que los niveles de tolerancia del cuadro social a la agresión del Ajuste pueden ser menores a las que muchos creen o quisieran creer.

Vigencia y Potencialidad de la  CTA

En este sentido, resulta un dato sin dudas positivo de los últimos días la votación realizada en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Dato positivo porque marca el fracaso de la política del Gobierno Nacional de cooptar y disciplinar a esta organización de trabajadores. En efecto, a pesar de que el Gobierno no reconoce a la CTA intentó impedir la elección a pedido de las organizaciones de la CTA – Yasky, quienes fueron convocadas a participar de la elección, pero prefirieron la impugnación junto al Gobierno, desnudando la nula vocación democrática de la conducción Yasky, que desde que asumió vía la intervención del Gobierno allá por 2010, nunca volvió a presentarse a elecciones, sino que mantiene su cargo por vía de las prórrogas sucesivas de mandato que le concede el Ministerio de Trabajo. Fracasada la política del Gobierno y de su club de amigos con Yasky a la cabeza, la elección de la  CTA ratifica la vigencia y la potencialidad de nuestra organización para canalizar el conflicto social. Cabe consignar que votaron aproximadamente 170.000 trabajadores, lo cual puesto en relación con el total del padrón de afiliados o los millones de trabajadores que hay en la Argentina puede parecer poco, pero evaluado como expresión del activo militante de una organización popular, resulta por demás significativo.

Vale la pena destacar, además, las condenas que, en el plano internacional, recibiera la intromisión del gobierno en el proceso electoral de nuestra central, a través de los pronunciamientos de la Confederación sindical Internacional (CSI) y de la Confederación Sindical de las Américas /CSA). Como dato adicional es relevante señalar que resultó electo recientemente el nuevo Consejo General de la Confederación Sindical Internacional. En dicho Consejo, ejerciendo la representación de las Centrales del Cono Sur fue nombrado el Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA – Micheli, Adolfo Aguirre. Dicha nominación fue resuelta por 8 a 3 en confrontación con la propuesta que impulsaba la CTA – Yasky; a partir de la decisión de las Centrales de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. Así, el Club de Amigos del Gobierno no sólo ha perdido espacio en la discusión de los trabajadores argentinos sino también en el campo regional e internacional.

Sin embargo, el fracaso gubernamental no implicó que no haya producido daño. Si bien no pudo ni cooptar a la CTA ni impedir la votación, lo cierto es que ha provocado un descenso en los niveles de participación electoral en comparación con los que esta organización está en capacidad de convocar. Al mismo tiempo, en tanto la CTA estuvo abocada a defenderse de la estrategia gubernamental, tuvo más dificultades para fortalecer la lucha por la libertad y la democracia sindical, avanzar en la organización de los trabajadores del sector privado, en particular de los grandes establecimientos, que constituyeron un factor dinámico en la etapa de crecimiento del régimen de acumulación actual, y que hoy están agredidos por las políticas de suspensiones y despidos.



[1]
Ver nuestro material Nota de Coyuntura Nº 1 “Las paradojas del Ajuste”. Marzo 2014.

 

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