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Informe «Hacia el impuesto a los ricos. La búsqueda por desmontar las prácticas planificadas de evasión fiscal de las grandes fortunas de la Argentina«, elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) de Unidad Popular fundado por Claudio Lozano y coordinado por Ana Rameri.

Para Lozano, “este material propone poner en marcha una contribución especial, y por única vez, por parte de las principales fortunas de la Argentina. Esta contribución, se sugiere, debiera permitir garantizar, por tres meses un piso de ingresos de carácter universal, sin ninguna condicionalidad, y equivalente al valor de la canasta alimentaria. Se trata de asignar 5.000 pesos a cada persona que habita nuestro país, lo que implicaría unos $20.000 pesos por hogar tipo.

Esto requiere una masa de recursos de $674.000 millones que podrían obtenerse a partir de un tratamiento distinto del Impuesto a los Bienes Personales, y de una alícuota sobre la facturación de las principales empresas y Bancos de nuestro país que actuaría como adicional recaudatorio en concepto de patrimonio presunto, y como modo de penalizar las prácticas de evasión patrimonial que los principales agentes del poder económico y las principales fortunas realizan sistemáticamente.

Este material muestra que mientras la AFIP registra unas 32.000 personas con fortunas superiores al millón de dólares, la información disponible y especializada a nivel mundial indica que son 114.000 los argentinos que tienen patrimonios superiores al millón de dólares. Esta diferencia es el resultado de un doble movimiento. Por un lado, un Estado que evidencia una baja preocupación por cobrarles a los ricos (máxime en los últimos cuatro años), y por otro, y centralmente, las prácticas sistemáticas de ocultamiento de rentas y patrimonios que los agentes del poder económico y las principales fortunas llevan adelante. Desarrollan una eficaz planificación fiscal nociva y delictiva dirigida a erosionar permanentemente la base imponible sobre la que se calculan los distintos impuestos que deben abonar. La propuesta es sencilla: impuesto de emergencia sobre las principales fortunas para garantizar por tres meses el alimento a toda la población.

Síntesis del Informe adjunto

El esquema tributario argentino registra una presión sobre el sistema económico que está en línea con los estándares internacionales, pero se sustenta en una estructura regresiva que produce una recaudación injusta y procíclica.

En particular, priman los impuestos indirectos sobre los que gravan riqueza y rentas. Se verifica, incluso, que el cuestionable diseño de estos últimos termina atentando contra los ingresos de los trabajadores y el patrimonio de los sectores medios, sin alcanzar de manera contundente la capacidad contributiva de los estratos más ricos. Esto se debe a los mínimos no imponibles vigentes y, particularmente, a la estructura de alícuotas. Además, dada la distribución de capacidades y funciones repartidas entre las provincias y el Estado nacional, conforme a la organización federal de gobierno que rige en nuestro país, las provincias mantienen para sí la potestad de gravar inmuebles y vehículos. Esos tributos no están correctamente articulados con el Impuesto a las Ganancias ni con el impuesto a los Bienes Personales. Incluso, las valuaciones fiscales, subvaluadas y descoordinadas, permiten maniobras de ocultamiento y elusión fiscal.

En todo sentido, el problema tributario argentino no es tanto de presión, como de composición, administración y coordinación federal.

La pandemia del virus Covid-19 y la crisis económica y social que produce alrededor del mundo exige medidas por parte de los gobiernos. En nuestro país se privilegiaron los paquetes de asistencia económica que procuran sostener los ingresos de los sectores más vulnerados, y se recurrió a la asistencia del Banco Central para financiarlos.

Gravar los estratos de mayor capacidad contributiva es una deuda pendiente en nuestro país. La delicada situación planteada por la pandemia transforma esa deuda en la imperiosa necesidad de lograr una contribución extraordinaria, y por única vez, de las principales fortunas de la Argentina, para fondear y financiar las políticas públicas que impone la emergencia. Este documento argumenta sobre la importancia de avanzar en este camino.

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