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Adjuntamos el Informe “Gobierno de Macri, Gas Natural y Aumento de Tarifas”, elaborado por Claudio Lozano junto a Gustavo Lahoud del  IPyPP.

Para Lozano, tal como anticipáramos en el envío anterior, “el Tarifazo que sacude a la sociedad argentina es presentado como una suerte de decisión inexorable que, en todo caso, no ha sido tomada con la gradualidad que hubiera correspondido por parte del Gobierno Nacional. Este enfoque es propio de las fuerzas políticas que dominan el tablero político nacional y que no solo comparten la necesidad de impulsar el aumento de tarifas sino que lo propusieron expresamente en la campaña electoral (Macri, Scioli y Massa y todos los economistas que los rodeaban señalaban la necesidad de bajar subsidios e incrementar tarifas).

Esta manera de presentar el problema pasa por alto dos cuestiones centrales.

a) A la hora de evaluar seriamente el costo de la energía el primer punto a considerar es cuál es el valor que tiene el barril de petróleo y cuál el precio del gas en boca de pozo.

b) Uno de los más penosos resultados del proceso privatizador ha sido la desintegración del sistema energético, su fragmentación en múltiples unidades económicas y la pérdida de economías de escala.

Es decir, lo que se pasa por alto deliberadamente son dos aspectos que definen con claridad las razones del colapso energético argentino. Por un lado el papel depredador cumplido por las petroleras privadas en connivencia con una regulación estatal cómplice, y por otro el efecto negativo de la matriz privatista del sistema que en ningún caso fue revertida.

Pasando en limpio lo expuesto, no es independiente del escándalo del tarifazo que las petroleras están recibiendo un precio para el barril que supera los 70 dólares cuando el mundo paga 45 y cuando el costo del barril de petróleo en nuestro país no supera los 14u$. Tampoco es independiente del tarifazo el hecho de que el millón de BTu supere los 7 dólares cuando el precio de referencia en el mercado norteamericano se ubica en torno a los 2,8 dólares por millón de BTu y cuando el costo de producción local asciende a 1,9 dólares. En concreto, el tarifazo le traslada a la comunidad y a los sectores productivos la renta extraordinaria que se les reconoce a los productores de petróleo y gas. Renta extraordinaria que anteriormente se les sostenía con el subsidio estatal amortiguando el impacto sobre los consumidores y que frente a la decisión de reducirlos le traslada a estos la responsabilidad de sostener una renta extraordinaria que además nunca tuvo como correlato el desarrollo de estrategias de inversión. En este sentido el planteo que pretende explicar la crisis energética por el consumo irresponsable de energía resultado de las tarifas bajas y la falta de inversión por la ausencia de rentabilidad, pasa por alto la estrategia irresponsable de la argentina exportadora de gas y petróleo propia de los noventa y la asociación de este comportamiento irracional para un país que tenía el recurso pero no la posibilidad de transformarse en exportador, a los elevados precios internacionales del pasado y al comportamiento rentístico del principal actor privado del sistema (Repsol). Dicho de otro modo, los subsidios engordaban vía déficit fiscal las ganancias empresarias preservando los efectos sobre los consumidores. Pero los subsidios los recibían las empresas y no los transformaban en inversión frente a la pasividad cómplice de los organismos reguladores. Hoy el objetivo es que la renta salga de los consumidores pero sigue sin discutirse el tema de la falta de inversión en el sector energético.

El otro elemento que no se quiere discutir es que la privatización destruyó las economías de escala de un sistema energético integrado fragmentándolo e incrementando los costos.  Si Gas del Estado es reemplazado por ocho empresas por ejemplo, que a su vez en tanto unidades económicas distintas reclaman obtener cada una su rentabilidad, la destrucción de las economías de escala de una empresa integrada es reemplazada por una cascada de rentabilidades que termina por encarecer de manera innecesaria la prestación del servicio.

El debate de fondo que buena parte del sistema político no quiere dar, que el gobierno oculta por la asociación efectiva de su gabinete con los intereses de las petroleras, y que parte sustantiva de la oposición calla ya que comparte los mismos objetivos e intereses y solo ejerce la critica por su lugar en el tablero político, es que no hay solución sin terminar con las rentas extraordinarias de petroleras parasitarias y sin revertir los efectos del proceso privatizador. Argentina necesita volver a integrar el sistema energético bajo control estatal para capturar en manos públicas la renta existente y poder orientarla seriamente al desarrollo económico y energético del país.

El material que adjuntamos profundiza el análisis sobre los aspectos que explican lo ocurrido con el tarifazo del gas hoy puesto en suspenso por la justicia”.

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